Centros Poblados: Estado podría pagar las deudas de Emilio Tapia con bancos

ICM Ingenieros y Omega Buildings, dos empresas miembro del consorcio Centro Poblados, solicitaron préstamos con garantías expedidas por el Fondo Nacional de Garantías, que ahora los bancos buscarían hacer efectivas. El Estado podría terminar por asumir los incumplimientos financieros por más de 7.000 millones del presunto entramado de corrupción.

Según reveló el diario El Espectador, ICM Ingenieros solicitó dos préstamos con el FNG como garante, uno por 4.000 millones con BBVA y otro por 1.966 millones con el Banco de Bogotá. Por su parte, Omega Buildings tiene una garantía para un préstamo de 3.000 millones con BBVA. De ese dinero, al menos 7.000 habrían sido solicitados para el contrato de centros digitales con el Ministerio de las TIC.

Las garantías bancarias del FNG están dirigidas a pequeñas y medianas empresas que no cuentan con la posibilidad de acceder a grandes créditos; en caso de que incumplan sus obligaciones, es el Estado, con dineros públicos, el que respalda la deuda. En este caso, podrían salir del Fondo de Mitigación de Emergencias, que se enfocó principalmente en solventar las necesidades de la pandemia de covid-19.

Desde el momento en que se ordenó la caducidad del contrato con Centros Poblados y el MinTIC, se incumplieron los pagos de esos créditos con los bancos, por lo que podrían hacerse efectivas las garantías. El mismo tipo de documento que presuntamente falsificaron para ganarse la licitación y que dejó en el limbo el dinero entregado a la empresa.

El FNG, según el diario, ya radicó junto con la Procuraduría una acción popular para evitar asumir el pago por la responsabilidad de unas empresas que se encuentran bajo investigación por presuntos delitos. Solicitaron medidas cautelares para evitar el pago a los bancos mientras se resuelve la investigación, de fondo.

Sin embargo, según conoció el periódico El Tiempo, ya el banco BBVA habría buscado hacer efectiva la garantía otorgada por el FNG, por los créditos otorgados a ambas empresas de la Unión Temporal. En total serían nueve préstamos adquiridos entre 2020 e inicios de 2021.

Aunque el FNG considera que algunos de los recursos habrían sido solicitados para el contrato de centros digitales, su destinación tampoco está comprobada, pues como se ha visto en la investigación, los recursos del anticipo otorgado por el MinTIC se convirtieron en dinero de bolsillo para gastos personales de los miembros detrás de Centros Poblados.

Las dos empresas, ICM Ingenieros y Omega Buildings Constructora, además, serían las compañías sobre las que el condenado corrupto Emilio Tapia tenía control en la sombra. Él habría sido uno de los principales beneficiados con el anticipo de 70.000 millones, con compra de casas y la cotización de un avión privado, por lo que de hacerse efectivas las garantías, lograría que el Estado le pague sus deudas.

Ahora, el conocido ‘zar de la contratación’, insiste a la Fiscalía que le otorgue un principio de oportunidad para delatar a los implicados en el presunto caso de corrupción y dar información sobre cómo se construyó el entramado.

Tapia ya habría entregado información al ente investigador y, de acuerdo con El Colombiano, tendría lista una matriz con todos los nombres de empleados del Ministerio de las TIC y políticos que le suministraron información privilegiada para lograr la licitación, que resultó con la pérdida de 70.000 millones de pesos.

Por su parte, el ministerio continúa con el proceso de solicitud de embargo de las propiedades en Colombia de las empresas contratistas, para recuperar el dinero que se alcanzó a entregar para la ejecución del contrato. Por su parte, la Procuraduría avanza en la imputación de cargos en contra de cinco exfuncionarios del MinTIC y el representante legal de Centros Poblados.

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