Toma del Palacio de Justicia: 36 años después, familiares de las víctimas siguen esperando justicia y reparación

Este sábado 6 de noviembre se cumplen 36 años de uno de los días más difíciles en la historia de la capital colombiana, la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo alzado en armas M-19. A casi cuatro décadas de lo sucedido, todavía quedan dudas sobre la muerte y desaparición de muchos magistrados y trabajadores del edificio, sus familias siguen esperando conocer la verdad.

Fueron 28 horas de terror para los bogotanos, mientras en el escenario se enfrentaban las fuerzas militares y la guerrilla, el emblemático edificio se veía reducido a cenizas a causa de tres grandes incendios. El saldo final fue de 98 muertos y 11 personas desaparecidas.

Ante la Comisión de la Verdad, desmovilizados del M-19 han reconocido que, en la operación “Antonio Nariño por los derechos del hombre”, el grupo armado, bajo el mando de Andrés Almarales y Luis Otero, pretendía hacer un juicio público al Gobierno de Belisario Betancur por haber incumplido el cese al fuego con las organizaciones guerrilleras.

Años después, se ha mencionado a Pablo Escobar como parte de esta operación. Jhon Jairo Velásquez mejor conocido como ‘Popeye’, el sicario más cercano al capo de la droga, dijo en una entrevista con la revista Semana que “el financiamiento por parte de Pablo Emilio Escobar Gaviria y el cartel de Medellín a la toma del Palacio de Justicia es una realidad; nótese que no digo supuestamente”.

Según el hombre, Escobar vio una oportunidad cuando se enteró de lo que planeaba el M-19 y los ayudó a financiar la operación con la intención de que se desaparecieran los archivos de ‘los extraditables’, cuyos casos y expedientes reposaban en el edificio y eran estudiados por los magistrados.

Esta versión también fue apoyada por la Comisión de la Verdad, que en 2009 detalló que Escobar “entregó dos millones de dólares” a Iván Marino Ospina, por entonces jefe del Movimiento 19 de abril (M-19), y miembros de ese grupo guerrillero recibieron armas para poder llevar a cabo la toma. Sin embargo, los desmovilizados de esta guerrilla han rechazado tajantemente estas afirmaciones.

A pesar de los años y las investigaciones, los familiares de las víctimas mortales y de las personas que desaparecieron y cuyos restos han sido hallados en tumbas con otros nombres, o simplemente no han aparecido, señalan que el Estado está en deuda con la reparación.

Las dudas y señalamientos contra el Estado se han dado a lo largo de los años, después de que, según testimonios registrados por periodistas, ningún cadáver tenía disparos de los fusiles de la guerrilla y la justicia ha comprobado que varias personas que aún hoy permanecen desaparecidas, salieron con vida de la edificación.

Por ejemplo, la familia del magistrado Carlos Medellín ha señalado que las investigaciones aún “no han llegado a lo que la gente necesita”. Según unas declaraciones de los hijos del magistrado, recogidas por RCN Radio, han señalado que “la JEP está en mora de llamar a la Comisión de la Verdad a los responsables del Palacio de Justicia que están vivos como lo son los ex miembros del M-19 y a los miembros del Gobierno que permitieron por acción y omisión el asesinaran de los magistrados”.

Hasta el momento, las autoridades han logrado ubicar a seis de las once personas desaparecidas en el hecho.

Por un lado, en octubre de 2015, se identificaron los cuerpos de Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Cristina del Pilar Guarín Cortés, quienes trabajaban en la cafetería, y de Luz Mary Portela, una visitante del Palacio. Los restos se encontraban en tumbas de otras personas.

Asimismo, en 2017 hallaron los restos de Héctor Jaime Beltrán, quien también era empleado de la cafetería del Palacio, en una tumba que tenía el nombre de otra persona, en Barranquilla.

Meses después, se identificó el cuerpo de Bernardo Beltrán Hernández, igualmente, empleado del edificio. De hecho, recientemente, el Tribunal Superior condenó a cinco militares implicados en la desaparición de este hombre y otras dos personas: Irma Franco Pineda, guerrillera del M-19; y Carlos Augusto Rodríguez Vera, también trabajador del edificio.

Según el fallo del tribunal “Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández salieron con vida del Palacio de Justicia con dirección a la Casa del Florero (...) fueron sometidos a fuertes interrogatorios, donde recibieron tratos crueles y degradantes”. Por esto fueron condenados a 40 años de cárcel los sargentos Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Ferney Ulmardín Causayá Peña.

El último cuerpo en ser identificado fue el de Gloria Anzola de Lanao, el 17 de septiembre de 2019. Sus restos, fueron encontrados en la tumba de la magistrada auxiliar María Jeaneth Rozo.

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