Defensoría del Pueblo alerta sobre grave crisis de derechos humanos en el Pacífico colombiano

La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave situación de derechos humanos que se presenta en la región del Pacífico colombiana, a causa de la disputas de las economías ilegales por parte de los actores armados que hacen presencia en este territorio.

Así lo advirtió el defensor del pueblo, Carlos Camargo, quien lidera una misión humanitaria que recorrerá los municipios de Buenaventura, Bahía Solano, Nuquí, Juradó, el Bajo Baudó y el litoral del San Juan, con el propósito de evidenciar la grave situación que viven los habitantes de este territorio al occidente de Colombia.

“Evidenciamos que el origen de sus dificultades es la violencia generada por los grupos armados ilegales, particularmente la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o ‘Clan del Golfo’) que están disputando los negocios ilegales en el territorio”, señaló Camargo.

A su vez, indicó que estos grupos armados mantienen a las poblaciones confinadas a causa de los recurrentes enfrentamientos armados, la instalación de minas antipersona, que han dejado varias víctimas, y las reiterativas amenazas que han sido documentadas en las alertas tempranas.

Durante esta misión, la Defensoría señaló que fue reiterado el llamado por parte de las comunidades, que en esta región en su mayoría son afrodescendientes, indígenas, mestizas y campesinas, a evitar que se vulnere el derecho a la educación, debido a que los menores no se pueden desplazar a sus escuelas, la mayoría de estas en paupérrimas condiciones por falta de inversión, por la compleja situación de seguridad.

“Lo más urgente y preocupante es la vulneración al derecho a la salud de las comunidades porque en varias de ellas no hay puestos de salud, como me lo manifestó la comunidad de Tribugá, y en otras, los puestos de salud están en pésimo estado y sin la infraestructura y equipos adecuados para la atención a los ciudadanos”, señaló el director de la entidad.

Asimismo, indicó que se le hará seguimiento a la alerta temprana 030 de 2020 en el municipio del Bajo Baudó, en Chocó, y a la 024 de 2021 para la zona rural del puerto de Buenaventura y el litoral San Juan, en los que se estaría vulnerando los derechos de las comunidades étnicas de esta región.

Por tal razón, Camargo indicó que esta será la nueva forma en la que la entidad llevará a cabo el seguimiento de alertas, directamente en terreno, en diálogo permanente con las comunidades, para recibir las denuncias más sentidas de la comunidad.

“Finalmente, levantamos la voz por aquellos que no tienen como hacerlo y hacemos un llamado a las autoridades del orden municipal, departamental y nacional para atender de manera urgente un brote de paludismos que está afectando a las comunidades”, concluyó al director de la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo de Colombia informó, a finales de agosto pasado, que la mayoría de los asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos en Colombia se presentan en departamentos de la región del Pacífica y aledaños al occidente del país.

A través del último reporte sobre las conductas vulneratorias contra líderes sociales registradas durante el primer semestre de 2021 en el territorio nacional, se evidenció que el 63 % de los asesinatos contra personas defensoras y líderes sociales se concentra en los departamentos de Antioquia (17 casos), Valle del Cauca (12), Cauca (9), Nariño (6) y Chocó (5).

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