Colombia incumplió recomendaciones de la CIDH sobre paro nacional: WOLA

Este 5 de noviembre, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) aseguró en un artículo que Colombia no cumplió con las recomendaciones que le hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca de las violaciones de derechos humanos durante el paro nacional de este año.

Esto, luego de que se realizara una audiencia de seguimiento ante la CIDH sobre el estado de sus recomendaciones, producto de una visita de trabajo a Colombia para monitorear la situación de derechos humanos en medio de las protestas.

La audiencia fue solicitada por más de 25 organizaciones de la sociedad civil, que informaron que el Estado no ha implementado estas recomendaciones e instaron a la CIDH a establecer un mecanismo de seguimiento y programar visitas al país. El Estado colombiano manifestó su oposición al establecimiento de un mecanismo de seguimiento de esa comisión internacional.

WOLA expuso como ejemplo el testimonio de Luis Carlos Montenegro de la Campaña Defender la Libertad, quien llamó la atención del patrón continuo de violencia policial contra manifestantes pacíficos en los meses posteriores a la visita de la CIDH. Enfatizó que a lo largo de agosto, septiembre y octubre, el Estado colombiano continuó estigmatizando y procesando a líderes sociales y defensores de derechos humanos por su trabajo comunitario.

También señaló cómo las agresiones sistemáticas y desproporcionadas de la policía antidisturbios ESMAD no han cesado. Montenegro informó que entre el 28 de abril y el 28 de septiembre, la campaña registró al menos 7.394 violaciones de derechos humanos, incluidos casos generalizados de violencia de género, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y homicidios.

“Si bien el Estado afirmó haber cumplido varias de las recomendaciones de la CIDH, muchos de los Comisionados de la CIDH señalaron lo contrario. Las entidades estatales no han aplicado enfoques étnicos y de género efectivos para monitorear los abusos perpetrados por el estado”, detalló WOLA.

Carlos Arturo Morales, viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, recalcó ante la comisión que hay “democracia pluralista y participativa de Colombia que defiende el Estado de Derecho”. El funcionario reconoció el derecho a la protesta social, pero enfatizó en el impacto de tácticas de protesta como los bloqueos, que tuvieron graves efectos en la seguridad alimentaria y médica, especialmente durante el pico de la pandemia.

WOLA recalcó la intervención de la comisionada Flavia Piovesan en la que cuestionó por qué el Estado no está recopilando datos desagregados sobre la violencia ocurrida en el contexto de las protestas contra mujeres, indígenas, afrocolombianos y personas LGBT+, y por qué no ha adoptado una respuesta para combatir estas prácticas discriminatorias.

Lo mismo hizo con el comisionado Joel Hernández, que se centró en las causas fundamentales de las protestas. “Quiere que el Estado adopte medidas al más alto nivel que aborden las demandas históricas que se hicieron visibles durante las protestas a nivel nacional”.

El artículo escrito por Gimena Sánchez-Garzoli, defensora de los derechos humanos en Colombia en la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), también remarca cómo después del paro nacional la violencia en el país no cesa.

Según el documento, entre el 16 y el 17 de octubre, el departamento de Cauca registró los asesinatos de más de 20 personas, convirtiendo ese fin de semana en el más violento para el departamento en 2021 hasta el momento. También cómo el 19 de octubre, miembros de la guerrilla del ELN asesinaron a un líder comunitario y miembro de la Guardia Indígena Cimarrona en Litoral de San Juan, departamento de Chocó.

Para esa entidad no gubernamental de Estados Unidos, todas estas situaciones de violencia retrasan la justicia para las víctimas que dejó el paro nacional de este año.

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