“Ya es rutinario absolver casos de abuso sexual”: Presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre problemas del sistema

El magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Corte Suprema de Justicia, se refirió este jueves a la actualidad del sistema penal acusatorio colombiano. El togado no se reservó ningún dardo para criticar la funcionalidad de dicho mecanismo, y hasta de la Fiscalía General de la Nación.

“El sistema acusatorio no funciona, y funciona mucho menos para enfrentar crímenes contra las mujeres, crímenes contra los niños. Ya es rutinario dentro de la sala de Casación Penal absolver en casos de abuso sexual”, dijo Hernández durante el XVIII Conversatorio Nacional de Género de la Rama Judicial, celebrado en Paipa, Boyacá.

De acuerdo con lo dicho por el magistrado, el problema es claro: el ente acusador está cometiendo errores a la hora de demostrar, bajo los parámetros del debido proceso, que los acusados cometieron efectivamente un delito sexual u otro tipo de crímenes.. Esto, a su vez, lleva a que los jueces se vean en la obligación de dejar en libertad a los presuntos agresores.

Hernández fue todavía más allá y criticó también los tiempos de respuesta que se tienen en el momento para atender los casos y que desgraciadamente termina engrosando la de por si alta tasa de impunidad que ya experimenta el país. Valga recordar, por ejemplo, que según Nelly Patricia Mosquera, experta en infancia y adolescencia, sólo el 4,8 % de los casos de explotación sexual de menores denunciados entre 2019 y 2020 terminaron en condena, lo que indica una impunidad del 95,2 %

En palabras del magistrado: “Mientras la Fiscalía investiga, imputa y presenta una acusación, hay juzgados que le dicen a uno: tenemos fijadas audiencias en los próximos dos años. Esa es la realidad de la justicia penal en el país”.

Las palabras de Hernández se conocen el mismo día en que la Corte Suprema de Justicia, entre otros organismos de la rama judicial, se ven nuevamente cuestionadas por sus propias realidades frente al tema de género. A fin de cuentas, un estudio elaborado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), que analizó desde 1991 la composición por género de los cargos ocupados para magistrados en los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones del Sistema Judicial, concluyó que el país está lejos de alcanzar la paridad de género en las altas cortes.

En el caso de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, las dos cortes de mayor antigüedad en el país, menos de la tercera parte de los cargos han sido ocupados por mujeres, siendo la Sala de Casación Penal en el caso de la primera, y la Sala de Consulta y Servicio Civil en el caso de la segunda, las salas con mayor déficit histórico de participación femenina al interior de estas corporaciones. Al respecto, se destaca que la Corte Suprema ha posesionado 119 magistrados desde 1991, pero solo 18, el 15.1%, corresponden a mujeres.

Desde ese año la Sala de Casación Penal ha tenido un total de 41 magistrados, pero solo cuatro han sido mujeres, es decir, el 9.8 %, lo que la convierte en la Sala que menos mujeres ha posesionado de la Corte Suprema de Justicia. En contraste, la Sala Laboral de Descongestión ha posesionado más mujeres: cinco. Esto es, el 38.5 % de los 13 magistrados que ha tenido desde 2017, cuando empezó a funcionar para disminuir el trabajo de la Sala Laboral de este alto tribunal.

Por su parte, el Consejo de Estado ha contado con 128 magistrados desde 1991, sin embargo, solo 31 mujeres, o sea, el 24.2 %. Sobre esta Corte y tomando el mismo periodo, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha posesionado únicamente dos mujeres, es decir el 11.8 %, y la Sección Cuarta ha posesionado más mujeres, siete en total (38.9 %), de los 18 magistrados que ha tenido desde 1991.

En cuanto al Consejo Superior de la Judicatura, el estudio Paridad de Género en las Altas Cortes de Colombia indica que se han posesionado siete togadas (20.6 %) de los 34 en total que han ocupado el cargo desde 1993. En ese mismo año, Luz Stella Mosquera de Meneses fue la primera magistrada de la Judicatura y siete años después, en 2000, Amelia Mantilla Villegas presidió dicha corporación.

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