El representante a la Cámara del partido político cristiano Colombia Justa - Libres, Carlos Eduardo Acosta, hizo una solicitud al presiente Iván Duque: replantear la obligatoriedad de presentar el carné de vacunación para acceder a “bienes, servicios y espacios de culto, recreación y trabajo”.
A través de una carta dirigida al primer mandatario, el congresista pidió revisar los términos del Decreto 1480 de 2021, a través del cual se reglamenta la exigencia del carné de vacunación en sitios y eventos públicos a partir del próximo 16 de noviembre, con el propósito de evitar el cuarto pico de contagios en el país.
“El condicionar el acceso a servicios, sean o no de primera necesidad, y a ejercer los derechos propios de ciudadano, es la misma negación a la ciudadanía. La decisión de vacunarse es absolutamente personal y debe ser libre, informada y cumplir con los protocolos propios de cualquier tratamiento o intervención en salud, primando el respeto del paciente y su voluntad”, indicó Acosta.
En ese sentido, señaló que la libertad de vacunarse también parte de la certeza de que todos los ciudadanos se pueden infectar con el virus y transmitirlo, “vacunados y no vacunados somos susceptibles de contagiar y ser contagiados”, sin embargo, el congresista da por alto que la inmunización lo que busca es reducir las afectaciones graves y la muerte de los pacientes.
A su vez, manifestó que al replantearse la obligatoriedad se garantizan las libertades individuales de los ciudadanos en el país establecidas en la Constitución, la Ley y los tratados internacionales, a pesar de entender que estas decisiones se toman en medio de la crisis sanitaria con el fin de responder a la protección y en procura de la vida de los ciudadanos.
“Los colombianos quieren cuidarse y el Estado debe darles las garantías y protección en el marco de sus competencias, sin generar falsas seguridades con elementos que, como la exigencia del carné de vacunación, pueden ser interpretados como segregación y discriminación redundando en mayores perjuicios y división entre los mismo ciudadanos, familias, vecinos y amigos”, indicó Acosta.
De igual manera, aseveró que con este tipo de medidas se puede presentar hasta una desaceleración en la reactivación económica y social luego del impacto por la pandemia, en la que el Gobierno nacional ha invertido recursos y medidas con el fin de impulsarla, con lo que se garantizaría el bienestar de los ciudadanos en el país.
“Al Gobierno no le corresponde presumir la enfermedad ni la inmunidad de los ciudadanos, sino que debe atender oportuna, idónea y eficazmente en el sistema de salud a quien así lo requiera sin ninguna dilación, discriminación y sin cargar al ciudadano del común con funciones que el Estado si debe asumir”, indicó el Acost,a citando algunos de los puntos del artículo 10 de la Ley Estatutaria.
Por tal razón, señaló que al Estado lo que le corresponde es garantizar el acceso a personales idóneos, atención oportuna, máxima investigación científica, así como información veraz y completa, en la que se incluyan recomendaciones para la prevención de la enfermedad, así como “calidad, pertinencia, proporcionalidad y ética médica en cada procedimiento y tratamiento; sin inferir en quien lo debe o puede tomarlo”.
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