En las elecciones presidenciales de 2018, el empresario Carlos Mattos habría hecho una millonaria donación a la campaña del entonces candidato Iván Duque. El polémico empresario hoy está a la espera de ser extraditado a Colombia desde España por sobornos a la justicia en el caso Hyundai.
La revelación de esta entrega de dinero la hizo el periodista Melquisedec Torres en Caracol Radio, quién aseguró que fue a través de la empresa de Mattos, Inmobiliaria CMB SAS, que se hizo la donación al partido Centro Democrático, que a su vez tenía la tarea de invertir la suma en la campaña del actual presidente Duque.
La donación fue de “560 millones de pesos y se sumó a las de las empresas Ingenio Risaralda por $100 millones y Comtek SAS por $1 millón y, en ambos casos, sus representantes legales enviaron cartas al partido indicando que el dinero era para la campaña presidencial, pese a la prohibición legal”, precisó la cadena radial.
El acta de la entrega del dinero va firmada por Mattos como representante legal de Inmobiliaria CMB.
Cabe resaltar que, si bien en Colombia la Ley 996 de 2005 (Garantías electorales) buscó que las personas jurídicas pudieran contribuir a la financiación de las campañas electorales de los candidatos presidenciales, la Corte Constitucional tumbó esa posibilidad con la Sentencia C- 1153 de 2005.
Para el alto tribunal hubo riesgo de corromper los compromisos políticos de los candidatos al vincularlos con intereses privados que esperan la entendible recompensa por gratitud de quien logre acceder al cargo de elección popular. Esta situación, además de subvertir los valores de la contienda democrática, hipoteca la libertad de ejercicio de quien asume el cargo y tergiversa la neutralidad con que debe actuar en él, explicó la Misión de Observación Electoral (MOE).
Precisamente por este caso, cuenta el periodista Torres, el CNE archivó las indagaciones contra la campaña de Duque y el gerente de campaña Luis Guillermo Echeverri, pero las mantuvo contra el Centro Democrático por estas donaciones. “El CNE debe determinar si la plata de las tres empresas sí entró a la campaña de Duque, como lo dispusieron los donantes, o en qué la gastó el partido”, sostuvo el periodista.
El caso Hyundai
Carlos José Mattos Barrero era un prestigioso empresario colombiano que aparecía en las páginas sociales de periódicos y revistas, fue anfitrión de la realeza española y contaba con propiedades en Barú, Cartagena, Bogotá o Madrid.
Tuvo durante 25 años la representación de la marca Hyundai en Colombia, hasta que en noviembre de 2015 la central de la compañía automotora en Corea le notificó que no continuaría el contrato y cedería los derechos para comercializar sus vehículos a Neocorp, un grupo ecuatoriano.
Mattos, en respuesta, interpuso una demanda civil para que le fueran reconocidos 770.000 millones de pesos y además, se impidiera quitarle la representación de la marca. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, el empresario habría entregado sobornos al reparto judicial para que su proceso llegara al Juzgado Sexto Civil de Bogotá.
La Fiscalía considera que Mattos, presuntamente, entregó más de 700 millones de pesos en sobornos con el fin de ser beneficiado en el proceso judicial. Por esa razón, es requerido en Colombia para que responda ante las autoridades y sea condenado, en caso de ser hallado culpable.
Mattos fue descubierto por las compras de contado hechas por el juez Huertas y la lentitud en el sistema de repartos en el Centro de Servicios Judiciales de los juzgados civiles de Bogotá. Tras perder la representación de Hyundai de forma definitiva y ver cómo comenzaba a destaparse el escándalo, en 2018, el empresario terminó trasladándose hacia España, alegando que se dirigía a dicho país para recibir tratamiento médico problemas de salud.
Desde entonces, la Fiscalía colombiana le hizo varios requerimientos. Sin embargo, Mattos se valió de tretas judiciales para evadir la extradición. La última fue en octubre de 2020, cuando la Sala Primera del Tribunal Constitucional de España determinó que el millonario empresario de 73 años no podría ser enviado de regreso a Colombia, a pesar de que la Audiencia Nacional de ese país ya había dado luz verde para ese traslado, en dos oportunidades en 2019. Eso hasta hoy, cuando la Cancillería colombiana recibió la notificación de la aprobación del traslado al país del empresario.
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