Las víctimas y organizaciones que integran la campaña “Dónde Están” realizaron un acto público el pasado 31 de agosto, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, para solicitar a Iván Duque que aceptara la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar casos de desaparición individuales e interestatales en el país.
En ese evento, que fue convocado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice- y la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU-, se registró la radicación de una carta firmada por más de 10 mil personas en la Secretaría de Presidencia que pedía la entrada en vigor de ese comité internacional.
El documento rechazado por el jefe de Estado argumentando que ya existen las instancias suficientes a nivel nacional e internacional para garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada.
La desaparición forzada sigue siendo un flagelo que se sufre en el territorio nacional, incluso en varias regiones están aumentando los casos y se han generalizado como práctica de represión y control social, como se evidenció en el paro nacional de este año.
Según Movice, existen muy pocos avances en la prevención de este delito, la búsqueda con vida de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos. Adicionalmente, los organismos competentes del tema no han sido eficientes en su labor, ni han logrado procesos de articulación.
Aseguran que desde la campaña “Dónde Están” continuarán insistiéndole, a este y al próximo gobierno, para que acepte la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas para estudiar casos de Colombia, pues esta es una herramienta de apoyo para los familiares en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, y un complemento para las instancias del Estado encargadas de la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de este crimen atroz.
Este comité de la ONU se concibió para proteger a todas las personas de la desaparición forzada, prevenir la reiteración de este delito y proporcionar apoyo a las víctimas y orientación a los Estados en lo tocante a las medidas que deben adoptar para promover los derechos garantizados en la convención.
En mayo de este año, ese mismo comité dio a conocer el resultado del examen sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano respecto a la protección contra las desapariciones forzadas.
El balance fue negativo pues, aunque reconoció las acciones realizadas por Colombia, consideró que estaban lejos de ser suficientes para resolver la deuda histórica de nuestro país con el fenómeno de la desaparición forzada. Así las cosas, el comité felicitó a Colombia por la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero lamentó que pese a la firma del Acuerdo de Paz la desaparición forzada persista en el país, incluso en el contexto de la pandemia por covid-19.
En el documento observaciones y recomendaciones al país, el comité manifestó su preocupación por los casos de personas detenidas a quienes se les impidió comunicarse con sus familiares y abogados, así como por la desactualización de los registros de personas privadas de la libertad.
Esta recomendación guarda relación directa con hechos reportados recientemente en el marco del paro nacional, donde se reportaron numerosos abusos contra las personas detenidas y múltiples casos de desaparición forzada tras las detenciones. Por estas razones, el órgano urgió al Estado colombiano a adoptar las medidas necesarias, incluso legislativas, para garantizar a las personas detenidas el acceso a su representante legal desde el inicio, y comunicación inmediata con sus familias.
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