Alcalde de Medellín anunció que bloqueará información a consejero presidencial, por conflicto de intereses en caso Hidroituango

El conflicto entre la Alcaldía de Medellín y los contratistas de Hidroituango continúa. La pelea casada por el alcalde Daniel Quintero llegó a la Presidencia de la República, ahora que el también jefe de la junta de EPM pidió restringir el acceso a la información a Juan Emilio Posada, consejero del gobierno Duque para la Competitividad y la Gestión Pública y Privada.

Posada, por su cargo en Presidencia, fue delegado por el gobierno para conocer todo lo relacionado con Hidroituango y defender los intereses de la nación en el proceso, pero resultó ser primo de dos de los socios de Coninsa Ramón H, Juan Guillermo y Francisco Londoño Posada, una de las empresas que conforman el Consorcio CCC Ituango, contratista del proyecto.

Tras conocer la relación entre el funcionario y los empresarios, el alcalde Quintero señaló que hay un conflicto de intereses, por lo que buscará impedir que el consejero acceda a información privilegiada sobre el proceso que adelanta la Alcaldía de Medellín y EPM.

“Estamos tomando las medidas para que su presencia sea regulada en las próximas reuniones, de modo que los contratistas no tengan información privilegiada en temas particulares que se tocan en relación al proyecto”, señaló el mandatario según citó la emisora Blu Radio.

La relación familiar entre el consejero Posada y los socios del consorcio constructor fueron expuestos por la Red de Veedurías Ciudadanas, que además radicó una recusación en su contra por el conflicto de intereses que generaría el vínculo. El veedor ciudadano Pablo Bustos solicitó en ese recurso la renuncia por razones éticas y jurídicas.

En diálogo con La W, el consejero Posada aseguró que un tío político y sus primos tienen acciones en la firma que hace parte de ese consorcio. Sin embargo, aseguró que hace mucho tiempo no tiene contacto con sus familiares por lo que, según él, no existiría tal conflicto de intereses.

Quintero sostuvo a la emisora que el consejero “participó en varias reuniones que tenían que ver con los constructores, con el cambio de contratistas, con temas del Banco Interamericano de Desarrollo”, pero tras conocer la familiaridad buscará impedir que acceda a esos espacios, por la información privilegiada que se comparte respecto al proceso.

Uno de los propósitos de la Alcaldía, que ha despertado fuertes reacciones por parte de los contratistas, es la intención de retirarlos y conceder la finalización del proyecto a una nueva firma. Mientras que los empresarios de CCC Ituango sostienen que no es posible por el estado del contrato, EPM estaría esperando la decisión de la Contraloría en el fallo sancionatorio para tomar esa decisión.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, se refirió el pasado 2 de noviembre al posible cambio de contratistas en el proyecto de Hidroituango y aseguró que se necesita seguridad en el proyecto, pues de lo contrario, se le podía retirar el financiamiento.

“Quisiéramos ver que este proyecto sea operacional, sin embargo, cuando no hay certidumbre y cada seis meses estamos hablando que cambian los términos, por lo menos ahí es donde tenemos que enfocarnos y asegurarnos”, sostuvo Claver-Carone.

Agregó, además desde COP26 en Glasgow: “Nosotros buscamos en el proyecto de Hidroituango certidumbre, quisiéramos ver que ese proyecto sea operacional”. También dijo que el BID tiene toda la intención de que el proyecto culmine.

Quintero se pronunció al respecto, también, y sostuvo que han trabajado de la mano con el BID. “Le hemos presentado el árbol de decisiones del proyecto y ellos, como nosotros, están convencidos que EPM está tomando las decisiones técnicas adecuadas que implican el cambio de los contratistas en este proceso”, afirmó.

Desde múltiples organizaciones e instituciones se ha solicitado estabilidad para el proyecto y la compañía paisa. Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia pidió mesura en las declaraciones de los funcionarios y el cumplimiento de las fechas del proyecto para evitar afectar la reputación de la ingeniería nacional. Por su parte, la SuperSociedades solicitó que se solucione la crisis en el menor tiempo posible porque un retraso más pondría en riesgo la estabilidad financiera de EPM.

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