Proceso contra 15 militares por el asesinato de tres indígenas wayuu pasará a la Fiscalía

Con el propósito de continuar la investigación contra 15 uniformados del Ejército de Colombia, procesados por su presunta responsabilidad en el homicidio de tres indígenas de la comunidad wayuu, el Tribunal Superior Militar y Policial acogió los argumentos de la Procuraduría General de la Nación y determinó que la Fiscalía es la entidad judicial competente para seguir con este proceso.

Esta decisión fue tomada luego de que se resolviera un recurso de apelación instaurado por el procurador judicial del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, quien se había opuesto a la prescripción de este proceso decretado por el juez 98 de Instrucción Penal Militar, al considerar que este no tenía competencia para conocer el expediente y adoptar esta medida.

“Existe duda si la muerte de los indígenas Andrés Pushaina, Juvenal Pushaina y Alejandro González se dio en el marco del cumplimiento de una tarea, objetivo, menester o acción necesaria para el cumplimiento de la función que constitucional y legalmente le corresponde al Ejército, con mayor razón, cuando como es sabido, las comunidades indígenas y tribales gozan de un amparo de protección especial y reforzado en el ordenamiento jurídico interno y supranacional”, señaló el tribunal en el fallo.

En ese sentido, la decisión indica que debido a que esta investigación no determina que el asesinato de estos tres indígenas ocurrió en el desarrollo de una misión o tarea específica vinculada a las funciones del Ejército Nacional, se ordena su remisión a la Fiscalía, lo que deja sin efecto la prescripción ordenada por el juez militar.

Por otra parte, la Justicia Penal Militar y la Procuraduría iniciarán una investigación por la pérdida de este expediente, debido a que a que fue reportado como extraviado diez años después de iniciar el proceso, a pesar que los cinco primeros años se avanzó en las etapas preliminares.

Por tal razón, el despacho judicial tardó unos cinco años más para reconstruir una parte del expediente, lo que ocasionó que pasaran 20 años sin que se tomara una decisión determinante frente a este grave crimen, razón por la cual el órgano de control determinó que esta circunstancia ocasionó que se vencieran lo términos, lo que resultaba excesivo al decretarse la prescripción.

“Las actuaciones de la Justicia Penal Militar en este caso han puesto en peligro las más básicas garantías de acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de estos hechos, constituyéndose en un atentado contra los derechos humanos”, expresó el Ministerio Público en el recurso de apelación.

El pasado 18 de octubre en horas de la mañana se dio a conocer que un juez penal con función de control de garantías de Bogotá, envió a la cárcel a cinco militares como posibles responsables del asesinato del líder de la comunidad indígena kiwe nasa, Omar Guasaquillo, en hechos ocurridos en septiembre de 2019.

“Las investigaciones adelantadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos indicarían que los uniformados al parecer mintieron en la versión sobre el operativo militar en el que perdió la vida Guasaquillo”, señaló la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con La FM, los militares en su momento aseguraron que recibieron información sobre la presencia de miembros de la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc en el predio La Quindiana en Calima (Valle del Cauca), por lo que adelantaron un operativo militar en el que perdió la vida el integrante de la comunidad Kiwe Nasa. Sin embargo, avanzada la investigación se determinó que dicha versión no concordaba con los resultados que arrojó la investigación.

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