Este miércoles 3 de septiembre, Karen Abudinen, exministra de las TIC, llegó a la Corte Suprema de Justicia para atender una citación que le hizo el alto tribunal, que arrancó a las 2 p.m.
La exfuncionaria salió de Colombia poco después de que el alto tribunal la citara, sin embargo, ya regresó a Colombia y según fuentes la Corte ya ingresó a la sala para ser cuestionada en su calidad de testigo.
Abudinen fue citada porque expuso que el senador Armando Benedetti la llamó para pedirle que no decretara la caducidad del contrato con Centros Poblados, consorcio que recibió un adelanto de 70 mil millones de pesos para ejecutar el proyecto que pretendía conectar a internet a los niños de diferentes veredas apartadas del país, y del que no hubo resultado. Benedetti, en su momento, rechazó la acusaciones, pero la Corte Suprema quiere explicaciones.
Fue la Sala de Instrucción la que tomó la decisión de llamar a dar declaraciones a la exministra y el magistrado instructor, Misael Rodríguez, quien escuchará directamente de Abudinen su versión de los hechos.
Todo inició por un trino del congresista en el que tildó a la exfuncionaria de negligente, a lo que ella respondió señalando de haberla llamado para intermediar en el contrato de Centros Poblados.
Benedetti: “Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se “abudinearon” la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!”.
Abudinen: “Senador: Le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. Yo no negocio, ni cedo ante corruptos”.
En esta indagatoria los políticos indagados son Benedetti, Daira de Jesús Galvis Méndez (Cambio Radical), Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal) y Antonio Luis Zabaraín Guevara (Cambio Radical). Ellos fueron denunciados por supuesto tráfico de influencias y tomar decisiones que habrían favorecido a Centros Poblados.
Se sabe que Antonio Zabaraín le solicitó a la Corte escucharlo en versión libre. El alto tribunal aceptó la petición y lo citó en la misma fecha de Abudinen. El propósito es que el congresista de Cambio Radical dé detalles de su supuesta injerencia en el escándalo.
Una vez el magistrado Rodríguez Castellanos escuche a Abudinen y a Zabaraín, deberá decidir si abre o no una investigación formal contra los congresistas involucrados.
Una de las primeras en alertar esta irregularidad fue la parlamentaria por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, quien en entrevista con Caracol Noticias aseguró que al menos cinco congresistas están salpicados en el escándalo. Ella sostuvo que los políticos tenían la tarea de evitar que el contrato con Centros Poblados caducará, por lo cual habrían recibido dinero. En su momento, no reveló la identidad de los presuntos involucrados, pero sí dio a conocer a qué partidos pertenecían.
“Están hablando del partido Liberal y Cambio Radical en estos momentos. La función de estos senadores era, primero, presionar a la ministra para que no caducara el contrato y para que lo cediera; y segundo, en la votación de la moción de censura, para que muchos se retiraran y así no prosperará la misma”, reveló Miranda.
Es de mencionar que varios sectores han pedido que que se reciba la declaración Emilio Tapia y demás vinculados de Centros Poblados a cambio de beneficios penales, con el objetivo de conocer la información que estos han asegurado tener, durante las últimas semanas, sobre otros congresistas, y en general políticos, que habrían participado del entramado.
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