Indígenas wayuu recurren al Congreso de EE. UU. por la crisis humanitaria que viven

En 2017 fue la segunda vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares para garantizar la vida de la comunidad wayuu en La Guajira, la cual, según la organización, se encontraba en grave peligro de sufrir enfermedades asociadas a la desnutrición.

Este año, la crisis humanitaria sigue sobre esa población que ahora recurrirá al Congreso de los Estados Unidos para que intervenga y pida al Estado colombiano responder por sus necesidades y cumpla con las medidas cautelares que dictó la CIDH.

La solicitud señala que, a pesar de la existencia de tales medidas cautelares, los niños, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas mayores siguen muriendo por desnutrición, no tienen acceso ni al agua, ni a la alimentación ni a los servicios de salud, y siguen viviendo en condiciones extremas.

Y es que Colombia no ha cumplido con las medidas cautelares dictadas por la CIDH, a pesar de tener la obligación internacional general de cumplirlas de buena fe, y de ser igualmente vinculantes según lo ha establecido la propia Corte Constitucional.

Al respecto, el líder indígena Javier Rojas, la abogada colombiana Carolina Sáchica, y la firma IHR LEGAL, con sede en Washington, D.C., representada por su director ejecutivo, Ignacio J. Álvarez, se han dirigido a la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y ha solicitado su apoyo para exigir a Colombia que cumpla con las mencionadas medidas cautelares.

Entre otras posibles acciones, se pidió a dicha Comisión del Congreso que envíe una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, solicitándole que considere instar al Gobierno de Colombia a cumplir efectivamente con las medidas cautelares. Asimismo, pidió la celebración de una audiencia, ante el Congreso de Estados Unidos, sobre la crisis humanitaria que está sufriendo el pueblo wayuu en La Guajira; y una visita de integrantes del Congreso de Estados Unidos a La Guajira, a los efectos de constatar la grave situación denunciada.

Se expresó también que, según leyes de Estados Unidos, la asistencia económica del país a Colombia contempla como requisito la adopción de medidas efectivas para proteger a las comunidades indígenas.

En junio de este año, representantes de los wayuu pidieron llevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por las condiciones en las que viven al ser el grupo indígena más numeroso de Colombia, con una población de unas 270.000 personas ubicadas en su mayoría en La Guajira.

Específicamente, quieren que la Corte IDH dicte unas medidas provisionales para proteger a los menores, ancianos y madres gestantes wayuu, ya que las acciones de ese organismo tienen un mayor peso jurídico que las de la CIDH y, además, son de obligado cumplimiento para el Estado.

“Más que el hambre y la sed, a la población wayuu la está matando la corrupción y falta de gobernabilidad”, dijo José Silva, líder indígena y presidente de la ONG Nación Wayuu, el pasado 22 de septiembre.

Según un informe de las Defensoría del Pueblo titulado ‘Desnutrición en la primera infancia; causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables’, en La Guajira actualmente hay 26 casos de desnutrición. Esto representa un 22,6 % de los casos de todo el país.

Nación Wayuu asegura que este hecho se debe a que la problemática de corrupción ha ido aumentando en La Guajira con el pasar de los años. A la fecha, según la ONG, los habitantes de la península sienten que han sido abandonados por los gobernantes, tanto locales como nacionales. Señalan que en el orden estatal tampoco se han tomado medidas contundentes para evitar saqueos en la región.

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