Imputan a exdirector del IDU por presunto favorecimiento a empresa que terminó la fase III de TransMilenio

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Néstor Eugenio Ramírez Cardona, por haber creado, aparentemente, las condiciones contractuales para favorecer a la empresa que ejecutó la obra de la Fase III de Transmilenio por la calle 26.

Según la información oficial, a este exfuncionario se le imputó el delito de interés indebido en la celebración de contrato por propiciar que el contrato 137 del 2007, cuyo objeto era la construcción de la tercera troncal de Transmilenio, inicialmente otorgado al Grupo Nule, pero que, a raíz de su incumplimiento, fuera entregado a una nueva compañía mediante una cesión, en febrero de 2010. Para tal fin, a través de un otrosí supuestamente se amplió el valor contractual en $219.000 millones.

Se presume que, con la suscripción de al menos 4 otrosíes, modificó los precios globales a unitarios, lo que aumentó el costo total del contrato; aumentó el valor del pago anticipado, aprobó la eliminación de obras no priorizadas por valor de $63.000 millones, entre otras irregularidades que se habrían cometido.

Además, el ente investigador evidenció que se habrían suscrito actas de adición presupuestal por $30.000 millones y prórrogas para ejecutar la obra. Con estas inconsistencias, el proyecto quedó sin recursos, al punto que el contratante requirió presupuesto adicional para culminar.

En criterio de la Fiscalía, Ramírez Cardona tendría pleno conocimiento de las acciones que debía realizar para concretar el supuesto favorecimiento del cesionario; pues se cree que sabía de antemano de las referidas modificaciones contractuales, de las adiciones presupuestales y de las prórrogas.

Apartes de la intervención del fiscal durante la audiencia de imputación a Néstor Eugenio Ramírez Cardona, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para el período 2007-2010:

En 2013, Néstor Eugenio Ramírez Cardona, quien también fue alcalde de la ciudad de Manizales, fue sancionado junto con la entonces directora del IDU, Liliana Pardo Gaona, por la Personería de Bogotá, para no ejercer cargos públicos durante 18 años, tras incurrir en presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de 21 de las 36 obras del grupo uno de valorización establecidas en un acuerdo distrital de 2005 con un costo superior a los $389 mil millones.

En su momento, la Personería de Bogotá señaló: “Los funcionarios omitieron realizar las gestiones necesarias para evitar las demoras e improvisaciones que impidieron la entrega oportuna de las obras, al punto de que aún hoy algunas de ellas no se han terminado”.

La falta de planeación que les atribuyó el organismo distrital de control a los dos exfuncionarios se ve reflejado en problemas en la elaboración de diseños, rediseños y demoras en la adquisición de predios donde se construirían las obras.

También los señaló de ser responsables de falta de coordinación en la adecuación de redes de servicios públicos y la expedición de permisos ambientales o de tránsito para la construcción oportuna de las vías públicas.

“La improvisación generó prórrogas, suspensiones y adiciones a los contratos por deficiencias en el control y vigilancia en la correcta ejecución del plan de obras. De esa forma, se presentaron continuos cambios en los cronogramas de construcción y entrega en la mayoría de las 7 vías, 2 puentes vehiculares, 5 peatonales, 5 andenes y 2 obras de mejoramiento vial”, sostuvo la decisión.

Recordemos que en 2011, el despacho de la entonces contralora Sandra Morelli separó temporalmente de su cargo al director del IDU, Néstor Eugenio Ramírez Cardona, y a la directora técnica de construcciones del mismo ente, Carmen Elena Lopera Fiesco.

Ante la noticia, el funcionario se mostró sorprendido y aunque acató la decisión en compañía de algunos empleados de la entidad, sostuvo que no encontraba razones que justifiquen su retiro.

La suspensión la tomó la Contraloría “al encontrar fundadas razones para afirmar que, al hallarse vinculados a las actuaciones en calidad de presuntos responsables fiscales y con su permanencia en el ejercicio de funciones directivas, se pueden continuar afectando los recursos del Distrito y el interés colectivo”.

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