Gaula realiza operaciones en Catatumbo para dar con el paradero del soldado secuestrado en Tibú

En medio de labores humanitarias, un militar fue secuestrado por hombres armados en la vereda Palmeras del Mirador, zona rural de Tibú, municipio ubicado en la subregión del Catatumbo (Norte de Santander). El uniformado fue identificado como Jeison Martínez Tapias y pertenece al Batallón de Ingenieros de Construcciones número 50.

Versiones preliminares indican que el hecho se presentó alrededor de las 11:00 a. m. de este 3 de noviembre, cuando Martínez Tapia, en compañía del también militar Walter Orjuela Pineda se encontraba entregando agua potable en un camión de placa DIW - 807. En ese momento, llegaron sujetos armados y los interceptaron.

Según narró Orjuela Pineda, su compañero estaba en la cabina del camión y los delincuentes lo sacaron a la fuerza. Él ante la imposibilidad de actuar, se escabulló entre los arbustos y así logró evitar ser secuestrado. Acto seguido, los subversivos emprendieron la huida con el soldado Martínez Tapias hacía el sur, mientras que Orjuela Pineda se volvió a subir al carrotanque y condujo durante más de tres kilómetros hasta llegar al Puesto de Mando Militar (PMM) más cercano, en donde entregó el reporte del secuestro de su compañero.

Las autoridades de Tibú aseguran que están analizando la situación y tratando de ver opciones para rescatar al soldado Martínez Tapias. Por ahora todo es complejo, pues ningún grupo armado se ha atribuido el hecho.

Mientras el Gaula Militar ya activó las operaciones para para dar con el paradero del soldado, el Ejército Nacional reiteró que este secuestro viola los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ya que los soldados estaban en estado de indefensión, sin armamento y realizando una labor humanitaria.

Hay que recordar que en el Catatumbo operan más de cuatro grupos armados al margen de la ley: las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL).

Ellos se están enfrentado por el territorio porque quieren el control de la zona, ya que este es un punto estratégico para controlar rutas de narcotráfico y trochas fronterizas con Venezuela. En esta pelea los distintos entes violan los derechos de los civiles y también atacan a los uniformados.

De hecho, hace menos de un mes se registró otro ataque al Ejército Nacional en Tibú. El pasado 15 de octubre en la mañana, cuando las tropas desarrollaban labores de erradicación de cultivos ilícitos en la vereda El Mirador, área rural del municipio, se reportó una fuerte detonación. Los explosivos fueron dejados por grupos armados organizados y dejaron un muerto y cuatro heridos.

La víctima fatal fue identificada como el soldado profesional Jhon Byron Angulo Angulo. Entre los heridos estaban un suboficial y otros tres soldados profesionales, quienes fueron evacuados de urgencia a un centro médico de Cúcuta, donde recibieron atención médica especializada.

Por casos como este, la Defensoría del Pueblo ha levantado varias alertas tempranas en el Catatumbo a lo largo de este 2021. La más reciente fue emitida el 25 de octubre y se indica que la población más afectada están los niños, niñas y adolescentes, mujeres, migrantes, campesinos y cerca de 5.900 indígenas Barí de la región. Los desvinculados de los grupos armados al margen de la ley, líderes sociales y comunales, así como personas defensoras de derechos humanos, miembros de la misión médica y funcionarios públicos tienen más riesgo de ser atacados.

Entre las acciones que cometerían los subversivos van desde las amenazas y la extorsión hasta asesinatos selectivos.

“Esta alerta advierte sobre la inminencia de homicidios selectivos, desplazamientos forzados masivos e individuales, confinamientos de población, paros armados, enfrentamientos con interposición de población civil y amenazas y restricciones a la movilidad. Por eso resulta fundamental que la institucionalidad del Estado articule un trabajo de prevención que evite la ocurrencia de estas situaciones”, puntualizó la Defensoría.

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