De qué se trata el Acuerdo de Escazú y por qué en Colombia no lo quieren ratificar

Desde su última intervención ante la Organización de Naciones Unidas, Iván Duque, presidente de Colombia, comenzó a mirar hacia el mundo con la voz de un ambientalista. El mandatario, quien defiende a capa y espada el fracking, habló sobre biodiversidad, la Amazonía, líderes sociales y los páramos ante la comunidad internacional.

Esto ha causado confusión, ya que el Gobierno tiene una deuda inmensa tanto con la región como con los ciudadanos colombianos que defienden el medio ambiente: la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú, es el primer pacto ambiental en la región. El principal objetivo de este radica en garantizar derechos a la información en la temática y participación pública en decisiones en las que el medio ambiente esté en juego.

Entre lo más importante, aplicado para Colombia, garantiza la protección de los líderes y lideresas ambientales, quienes son amenazados, vulnerados y asesinados por defender sus causas. Para esto, si se sigue el acuerdo, se favorecerá el acceso a la justicia en asuntos relacionados.

El acuerdo ha sido firmado por 24 países y ratificado en 12 legislativos: Argentina, México, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kiss y Nevis, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. Sin embargo, Colombia, después de firmarlo en 2019, no ha logrado pasarlo por el Congreso de la República.

El pasado 22 de abril, se celebró la entrada en vigencia de Escazú, pero por la falta de ratificación, no hubo participación del país sudamericano.

Y, ¿qué ha hecho Duque?

El pasado 12 de diciembre de 2019, en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque protocolizó la firma del Acuerdo de Escazú y mostró todo su apoyo no solo a los puntos clave, sino al trabajo de los ambientalistas colombianos e incluyó un guiño a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por el trabajo en torno al tema.

Sin embargo, contrario a los esfuerzos por lograr mayorías que se han evidenciado durante pujas como las reformas tributarias, el Gobierno no ha impulsado la iniciativa lo suficiente dentro de las instalaciones del Congreso. Además, cualquier esfuerzo pudo haber sido retardado por el año de pandemia que fue 2020, siguiente a la firma de Duque.

El proyecto fue radicado en el Congreso el 20 de julio del año pasado. El pasado 5 de noviembre de 2020, luego de una semana en la que presiones de sectores ambientales y políticos afines al Acuerdo de Escazú incidieron en la opinión pública para llamar la atención del Gobierno, la Cancillería y el ministerio de Ambiente dieron luz verde a las discusiones en la comisión segunda para ratificar uno de los articulados más relevantes para la protección del medio ambiente en América.

Sin embargo, en junio de este año, se hundió en medio de tardanza y rezago en los trámites. Sus mayores detractores, opuesto a lo que dice querer Duque, son los militantes y aliados del Gobierno.

Ahora, después del vuelco del discurso del presidente, el pasado 29 de octubre fue nuevamente radicado en el legislativo y, a pesar de la tardanza, no lleva un mensaje de urgencia para agilizar el proceso.

¿Por qué no se logra ratificar?

El argumento del Gobierno y de parte de la bancada oficialista es que los puntos del Acuerdo de Escazú ya se encuentran aplicados en la ley colombiana. Cabe resaltar que solo en 2020, 65 líderes ambientales fueron asesinados por defender sus ideales.

“Colombia tiene ya unos desarrollos muy importantes. Todo lo que hace parte del Acuerdo de Escazú hace parte del marco jurídico colombiano. (...) Esto es una declaración de principio, es la enunciación de principios generales, es más un hecho político de adopción de los principios”, indicó Nicolás Galarza, viceministro de Medio Ambiente, para Blu Radio.

Frente al legislativo, la principal detractora del proyecto es la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático. La legisladora es esposa de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y gran terrateniente colombiano.

Según Cabal, el Acuerdo de Escazú no es novedoso y “está incorporado en nuestro ordenamiento jurídico”. Además, considera que el país se encuentra a la vanguardia en el tema, siendo uno de los territorios donde más asesinan líderes ambientales.

En concordancia a su rechazo, el gremio ganadero también se encuentra en contra de su ratificación. Incluso, Fedegán aceptó haberle enviado una carta a Duque para que no fuera aprobado.

“El acuerdo es una intromisión a la soberanía de los países, negociada por los que ayer eran de izquierda y hoy se desmarcaron del Socialismo del siglo XXI”, aseguró Lafaurie en un comunicado.

Sin embargo, en concordancia al nuevo discurso ambiental de Duque, se espera que este acuerdo cuente con su apoyo para ser aprobado por el Congreso. Sin embargo, conociendo las trabas que pueden existir en el legislativo, el futuro dirá cuál será el veredicto de la corporación.

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