Procuraduría reitera observaciones al proceso contractual del Parque Tecnológico de Innovación San Fernando

La Procuraduría General de la Nación informó este martes que las respuestas entregadas por la Alcaldía de Cali frente al proceso de selección para la realización de estudios y diseños del Parque Tecnológico de Innovación San Fernando “son insuficientes” y “no permiten mitigar riesgo de corrupción”.

El Ministerio Público señaló que los argumentos planteados por la administración distrital de la capital del Valle del Cauca frente a este proyecto, que tendrá un valor cercano a los $4.900 millones, impiden realizar una adecuada vigilancia preventiva, debido a que los datos suministrados eran incompletos, al tiempo que reiteró las observaciones realizadas previo a este proceso de contratación.

“Para el órgano de control las respuestas dadas por la Alcaldía fueron insuficientes, confusas o no respondían a las preguntas formuladas y no permiten anticiparse o mitigar riesgos de gestión pública o de corrupción, para proteger el patrimonio público”, señaló la entidad en un comunicado.

Por tal razón, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública pidió al ente territorial los estudios técnicos, urbanísticos, económicos y financieros que permiten establecer decisiones trascendentes sobre el Plan de Desarrollo Distrital de Santiago de Cali 2020-2023, especialmente del Parque Tecnológico San Fernando y el Edificio Cali Inteligente.

A su vez, el órgano de control cuestionó que la administración de la capital del Valle del Cauca estuviera utilizando criterios presuntamente subjetivos y discriminatorios para evaluar la experiencia, debido a que las entidades territoriales deben reconocer la “experiencia adquirida por los ponentes a través de la ejecución de contratos particulares”.

En ese sentido, indicó que en este caso particular, la Procuraduría solicita que cuando los contratos sean ejecutados con entidades del Estado estos deban estar liquidados con el fin de ser aceptados como experiencia habilitante y calificable.

“Por último, la Procuraduría recordó al mandatario de Cali y a la secretaria de Desarrollo Económico que no responder o responder de forma evasiva, insuficiente o incompleta a los requerimientos del Ministerio Público puede constituir una falta disciplinaria”, advirtió el órgano de control.

Concluyendo que esta vigilancia no implica la injerencia en las decisiones administrativas, técnicas, jurídicas y financieras de las entidades públicas y de los particulares que ejercen funciones públicas, ni tampoco implica coadministración.

Fue construido en 1930 por el ingeniero alemán José Mochner y los arquitectos Edmon Cobo y Philip Mondineau, y fue derrumbado en mayo del 2007, luego de comprobarse que fue comprado con dineros del narcotráfico por Bernando Pinzón, asesinado en España.

Fue entregado por la Sociedad de Activos Especiales a la ciudad de Cali, para emprender la construcción de un centro de tecnología para los caleños.

En medio de un acto protocolario de la entrega de este predio, el alcalde de la capital vallecaucana Jorge Iván Ospina, señaló: “nos posibilita brindarle espacio público a una ciudad que así lo necesita y nos posibilita que no sea organizado una zona que es esencial del punto de vista paisajístico”.

A su paso, Andrés Ávila, presidente de la Sociedad de Activos Especiales SAE indicó: “nosotros tenemos pasivos históricos con Cali más 60,000 millones de pesos deuda. Aquí estamos haciendo un cruce de cuentas que se salda con más de 30,000 millones de pesos.”

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