Tras seis años desde que fuera fundada oficialmente —el 23 de septiembre de 2015— todo parece indicar que ya comienzan a darse las condiciones necesarias para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emita su primer fallo condenatorio. Al menos así lo prevé la magistrada Julieta Lemaitre, relatora en el caso de secuestro.
Durante una entrevista concedida al diario antioqueño El Colombiano, la abogada señaló que quienes quieren ser escuchados en el caso que está a su cargo ya están programados para audiencias que se adelantarán durante lo que resta de este año y el primer cuarto del próximo año, para posteriormente comenzar a hablar con los mandos medios de las extintas Farc, que serían quienes mantuvieron a las víctimas en cautiverio y bajo malos tratos.
Posteriormente se construye la relatoría, que es la que le servirá a la Sección de Reconocimiento del Tribunal de Paz para emitir un veredicto sobre el caso en cuestión. En ese sentido, la togada le dijo al diario local que, “la primera que van a tener, probablemente, sea de este caso 01 de secuestro”.
Lo que es más, Lemaitre recalcó que si bien dichos procesos tienden a demorarse unos 10 años en la Corte Penal Internacional, su sala en particular estaría entregando el caso en el primer semestre de 2022, lo que implica que les tomó apenas tres años, pues el mismo se abrió en 2020, justo antes de que iniciara la pandemia del covid-19.
Sin embargo, también reconoció que la llegada de la relatoría al tribunal por esas fechas dependerá de un paso sobre el que todavía no se tiene experiencia desde la JEP: “La ley dice que antes de mandar la relatoría al tribunal yo le tengo que pedir a la Fiscalía todos los expedientes que haya contra estas siete personas, pero recolectarlos puede ser difícil porque los casos son viejos y dispersos por el territorio”.
Por siete personas se refiere al secretariado de las Farc, lideres de la desaparecida guerrilla que ya hicieron su acto de reconocimiento al respecto y sobre quienes recaería el peso de los primeros casos de secuestro que terminen en sentencia, por ser quienes daban las órdenes más que por ser los autores materiales de estos hechos, una vez avance el debido proceso.
Sobre eso último, explicó la magistrada, “toda esa relatoría primero la tiene que avalar mi sala y se le manda al Tribunal. Ellos la revisan y la pueden mandar a corregir o avalar. Después de eso es cuando el tribunal toma la decisión”.
Ahora, también le dijo a El Colombiano que es de esperar que haya debate una vez se conozca la sentencia. En sus palabras, “hay una demanda de las víctimas que es muy difícil satisfacer: la indemnización. En el secuestro hubo gente que pagó mucha plata y perdió sus bienes. La JEP siempre cargará con eso y no puede hacer nada porque la norma dice que esas indemnizaciones individuales las debe dar la Unidad de Víctimas, y ahí hay un proceso que es incompleto”.
En la misma entrevista, la togada señaló que aparte de esas cuestiones de reparación monetaria, en el caso de secuestro también hay un componente de verdad que ha cobrado cada vez más importancia y que podría continuar en el escenario de la JEP una vez desaparezca la Comisión de la Verdad que se encarga del mismo, pues según dice todavía hay personas que quieren tener conversaciones personales con sus captores para preguntarles detalles.
“Entonces vamos a proponer que se puedan dar esos encuentros. Ya lo he hablado con los otros magistrados y están de acuerdo, vamos a ver si logramos retomar eso que se ha hecho en la Comisión y permitir esos encuentros privados”, aseguró.
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