Diego Molano niega contrato para campaña “Colombia es mi verdad” por más de 900 millones

El ministro de Defensa se pronunció sobre la investigación de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) que denunció un autosabotaje en redes en medio del Paro Nacional

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Ministro de Defensa Diego Molano
Ministro de Defensa Diego Molano (Colprensa - Camila Díaz).

El ministro de Defensa, Diego Molano, ratificó el objetivo de la campaña “Colombia es mi verdad”, que implementaron en las redes sociales de la fuerza pública el pasado 6 de mayo, en medio de la primera semana de manifestaciones en el país. Aseguró que hay un interés político en la información y sostuvo que no hubo inversión de dinero adicional al del funcionamiento de las entidades.

Según Molano, la idea de la campaña surgió por una conversación suya con un soldado. El objetivo era realizar contenido “pedagógico” que informara “cómo” se construían las noticias falsas que afectaban la legitimidad de las fuerzas armadas y el trabajo que continuaban.

Consistía en poner en negro las páginas del Ministerio de Defensa y de las fuerzas, para llamar la atención a la comunidad y después lanzar un video que explicaban esa misma campaña pedagógica cómo se estaban desarrollando las noticias falsas”, señaló el ministro.

Sin embargo, Molano no aclaró el cuestionamiento que realizó la FLIP respecto a esa primera acción de la campaña. Para la organización, desde el mismo Ministerio de Defensa se creó una noticia falsa que no fue desmentida y aclarada posteriormente por la entidad en el video publicado. Hasta el día siguiente, en un comunicado, se mencionó que había sido una acción del equipo de comunicaciones, pero se sostuvo que existía “sistematicidad en los ataques cibernéticos que están sufriendo las instituciones de defensa”.

El ministro también negó que se hubiera atacado a personas individuales. “Nunca se atacó o se mencionó a ninguna persona en Colombia y hoy muchos intentan hacer política y hacer ver una mentira como si fuera una realidad que ocurrió hace tres meses. Hoy circulan en redes informaciones sobre esa campaña, pero tenemos la tranquilidad de que actuamos con apego a la ley en el ministerio”, sostuvo Molano.

Lo que preocupaba a la FLIP respecto a señalar una información como “noticia falsa” es que no son claros los criterios bajo los cuales se define una publicación en esa categoría. Además, que la campaña creaba la imagen de los usuarios que compartían esa información como enemigos. Una situación que podría generar un efecto “inhibidor” para la prensa por temor a represalias.

Molano aseguró que se basaron en información que era “aclarada en voz de militares y de Policía”, así como en chequeadores de noticias como ColombiaCheck y La Silla Vacía. Cabría mencionar, por ejemplo, que en el caso de la detención de la adolescente Alison Méndez en Popayán y quien denunció abuso antes de suicidarse, el general Ricardo Alarcón dijo esa misma noche: “La Policía Nacional se permite afirmar de manera categórica que es una noticia, aparte de falsa, vil y ruin”. Ahora cinco uniformados fueron citados a juicio disciplinario en la Procuraduría y uno de ellos será imputado por la Fiscalía.

No es cierto que se hayan pagado cientos de millones para llevar a cabo esa campaña de Colombia es mi verdad, porque esa campaña fue fruto de un trabajo articulado de las entidades del sector que buscaba, principalmente hacer pedagogía sobre los impactos negativos de la desinformación”, señaló el ministro de Defensa.

Sin embargo, no explica el contrato No. 065 de 2021 que reveló la FLIP, que fue firmado con Alotropico S.A.S. para servicios entre el 29 de abril y el 31 de mayo de 2021, justo un día después del inicio de las manifestaciones.

El contrato estableció que debía formularse una transformación de la comunicación estratégica del sector defensa, que entre los entregables dispuso un “documento conceptualización y línea editorial para la Campaña “Colombia es mi verdad” e “Informe Noticias falsas desarrollado con el equipo de Comunicación Sectorial”.

Ese contrato tuvo un valor cercano a los 900 millones de pesos, para una empresa que fue fundada y es dirigida por Isabel Cristina Quiroga y Martha Isabel Restrepo, dos funcionarias del ICBF cuando Diego Molano estuvo al frente de esa entidad.

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