Fuga de presos en la estación de Policía de Chapinero, Bogotá

En la tarde de este sábado se presentó una fuga de presos en la estación de Chapinero en el norte de Bogotá. Al parecer, fueron 20 personas quienes lograron salir del centro de reclusión.

La Policía Metropolitana ya emprendió un operativo para buscar a los delincuentes en los barrios El Castillo, Ingemar y Bosque Calderón, en el oriente de Bogotá. Además sobrevuelan los cerros cercanos al Politécnico Grancolombiano.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta cinco millones de pesos para quien suministre información que permita dar con la pronta captura de los detenidos.

En videos quedaron registrados los momentos, donde los sujetos se dan a la fuga y son perseguidos por las autoridades. Sin embargo, la información indica que se presentó un cruce de disparos. Tres personas ya fueron recapturadas.

“Ya eran más de las 4:00. Yo estaba en el apartamento y desde ahí escuché los disparos y al asomarnos vimos a los hombres corriendo por la circunvalar con calle 57, muy cerca de la estación de Policía, pero no sabíamos lo que ocurría”, dijo uno de los vecinos del sector a RCN Radio.

Hacinamiento en cárceles de Colombia

El pasado 24 de agosto, el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz, junto al director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), mayor general Mariano Botero Coy, anunció la reducción en el hacinamiento en las 132 cárceles del territorio nacional.

De acuerdo con el funcionario, actualmente se registra una sobreocupación de 13.771 hombres y mujeres privados de la libertad en los centros de reclusión, es decir, un 16,7 %, convirtiéndose en una cifra histórica de reducción de ocupación de los establecimientos carcelarios.

“Actualmente tenemos una población de 96.097 personas privadas de la libertad en los 132 establecimientos de reclusión del país, contando con una sobrepoblación de 13.771″, al tiempo que destacó que “este es un logro muy importante si se tiene en cuenta que hace 18 meses teníamos registros de hacinamiento por el orden del 54.5 %, lo que generaba un fuerte impacto en las condiciones de reclusión”, manifestó Ruiz.

Esta reducción, se logró con la aplicación de varias medidas adoptadas de manera conjunta con el Inpec y de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, entre ellas la del decreto 546 que reglamentó la prisión y detención domiciliaria para las personas privadas de la libertad para disminuir el riesgo de contagio de covid-19 en los centros de reclusión. Además, de la construcción de nuevos cupos para la cárceles.

“Es fruto de un trabajo que incluye la creación de nuevos cupos carcelarios, definir la situación jurídica de los privados de la libertad que cumplen requisitos para la aplicación de beneficios, las medidas adoptadas por el Presidente de la República para mitigar los efectos de la pandemia, y la reubicación de personas privadas de la libertad, de acuerdo con sus características de reclusión”, sostuvo Ruiz Orjuela.

Asimismo, se ha adelantado este trabajo de la mano con otras iniciativas como la búsqueda de mejores condiciones en la alimentación en los establecimientos, brigadas jurídicas y de salud, y el fortalecimiento de la infraestructura carcelaria.

Por su parte, el director general del Inpec señaló que esta reducción es un avance positivo para mejorar las condiciones de las personas que se encuentran privadas de la libertad.

“La reducción del hacinamiento en 16,7 % es más alentador si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional -al declarar el Estado de cosas Inconstitucionales en los centros de reclusión- indicó que un hacinamiento tolerable estaría por el orden del 20 %”, aseveró Botero Coy.

Cabe recordar que, el pasado 4 de agosto el Gobierno nacional expidió un decreto con el que se busca bajar las cifras de hacinamiento carcelario del país. Por medio de esta iniciativa, cerca de 800 personas privadas de la libertad que cumplan con los requisitos podrán pagar por un brazalete electrónico que les permite estar en su hogar cumpliendo su condena.

La idea del decreto es que, además de acabar con el hacinamiento en las prisiones, el Estado no siga pagando por los brazaletes que se le brindan a los ciudadanos en detención domiciliaria, como lo viene haciendo desde hace unos años, sino que este gasto lo asuma el detenido que esté dispuesto a cumplir con las condiciones del mismo.

“El costo del brazalete electrónico, cuya tarifa será determinada por el Gobierno Nacional, será sufragado por el beneficiario de acuerdo a su capacidad económica, salvo que se demuestre fundadamente que el beneficiario carece de los medios necesarios para costearla, en ese caso estaría a cargo el Gobierno Nacional”, dice el decreto.

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