Este 29 de octubre el presidente de la República, Iván Duque, sancionó la Ley de Borrón y Cuenta Nueva, con la que se brindará a los colombianos reportados en centrales de riesgo la oportunidad de limpiar su vida crediticia.
“Sancionamos Ley de ‘borrón y cuenta nueva’ con la que se beneficiarán cerca de 10 millones de colombianos, que se encuentran reportados en centrales de riesgo y que podrán restablecer calificación positiva para acceder a créditos de vivienda, educación o adquisición de bienes”, escribió el mandatario en su cuenta de twitter.
Dicha iniciativa pretende, además, de permitirle a los colombianos que su vida crediticia mejore, obligar a las centrales de riesgo a restablecer las calificaciones crediticias de los titulares de la información de manera simultánea con el retiro de reportes negativos o con la cesación del hecho que generó la disminución en la calificación.
En este sentido la ley sancionada busca ayudar a los colombianos a que se pongan al día con las deudas por las que están reportados en las centrales de riesgo. De esta forma podrán recibir una amnistía, que solo aplica una vez. Esta ley tendrá un año de vigencia, es decir, desde el día que se sancionó hasta el 29 de octubre de 2022.
Es importante señalar dos cosas: la primera es que los colombianos no tendrán que hacer ningún tramite pues el beneficio se aplica una vez las personas se pongan al día con sus deudas. Segundo, una vez pagadas las deudas, los ciudadanos que se acojan a esta ley podrán ver cómo los reportes negativos son eliminados a más tardar seis meses después.
Lo anterior va de la mano con el habeas data que es un derecho contemplado en la Constitución (artículo 15) que les permite a los ciudadanos conocer, actualizar, rectificar y eliminar información recogida sobre ellos en bases de datos públicas o privadas.
De acuerdo con El Espectador, esta figura aplica exclusivamente sobre los datos negativos, los positivos permanecerán en las bases de datos de las centrales. Por lo que las personas que tengan reportes positivos no deben preocuparse, pues esta ley solo aplica en casos de personas que paguen sus cuotas con retraso o que hayan llegado a acuerdos de pago por mora.
Por ejemplo, los estudiantes con créditos educativos del Icetex, pequeños productores, jóvenes rurales, mujeres rurales y víctimas del conflicto armado que extingan su deuda cuando entre en vigencia la norma, saldrán inmediatamente del reporte negativo.
Por otro lado, como expuso el senador David Barguil, en entrevista con la W Radio, las fuentes de información también se verán obligadas a reportar la información negativa máximo 18 meses después de hacerse exigible la obligación respectiva y los usuarios de la información (por ejemplo, entidades financieras) tendrán que mantener las calificaciones crediticias, sin importar el número de consultas de la información disponible.
Además, las deudas inferiores al 15 % del salario mínimo (menos de $136.279) recibirán dos comunicaciones antes de ser reportadas negativamente. Habrá 20 días hábiles entre una y otra. Sumado, las víctimas de suplantación personal solo deberán llevar comunicación y copia de la denuncia penal para que se elimine su reporte negativo.
Finalmente, para que todo funcione a cabalidad, las centrales de riesgo deberán desarrollar mecanismos digitales para que los titulares de datos tengan acceso de manera gratuita a su información crediticia y se prohíbe la consulta a las centrales de riesgo para otorgar un empleo como una forma de abrir mayores oportunidades a las personas que han tenido dificultades económicas.
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