En la tarde del jueves 28 de octubre, el activista político y youtuber conocido como Wally denunció en sus redes sociales la amenaza que recibió, al parece, por parte de un integrante del Ejército Nacional.
“Un militar me envío este saludo. Al parecer me merezco un pepazo en la frente por hablar tanta mierda”, escribió el activista en Twitter. Allí mismo, publicó el audio que recibió donde el presunto uniformado le dice que se merece un “pepazo”.
“Solo merece es meterles un pepazo en la frente, por hablar tanta mierda”, le dijo el sujeto. La amenaza se registró luego de que Wally publicara en su canal de YouTube una nota sobre la captura de alias Otoniel.
Ante esta denuncia, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó la amenaza del supuesto militar, que se identifica como Jaime Alberto Ramos y pidió al Ejército investigar.
“Exigimos al Ejército investigar si Jaime Alberto Ramos es parte de la institución. De ser así, se deben aplicar las sanciones que correspondan. Es fundamental que desde la fuerza pública se respalde el trabajo de la prensa y se rechace y castigue todo tipo de violencia”, recalcó la Flip.
Así mismo, hizo un llamado a la Fiscalía para que investigue las amenazas y sancione al responsable. Recuerda que la violencia en línea contra la prensa ha aumentado en los últimos años: en 2019 se registraron 70 ataques, en 2020, 117 y en lo corrido de 2021 van 80.
Cabe resaltar que, este tipo de actitudes por redes sociales son castigadas por la ley colombiana. El pasado 17 de octubre se conoció la condena contra Ariel Ortega Martínez a 76 meses de prisión por el delito de amenazas contra el caricaturista Julio César González Quiceno (conocido como Matador), y los periodistas Daniel Samper Ospina y María Antonia García de la Torre. Además, a Ortega se le impuso una multa por 29,67 salarios mínimos y la inhabilidad del ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal.
Entre marzo y abril de 2018, Ortega Martínez compartió en su cuenta de Twitter múltiples mensajes de amenazas de muerte, en los cuales se hacía alusión a la falta que hacían las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para callar a la prensa. Algunos de los mensajes dirigidos en contra de María Antonia García de la Torre incluían escritos discriminatorios por género.
El juzgado consideró que las declaraciones de Ortega afectaron al gremio periodístico y a la opinión pública, pues los mensajes en Twitter fueron utilizados como una herramienta de intimidación a la prensa. Para el juzgado, es reprochable que Ortega haya hecho alusión a las AUC para intimidar a periodistas y consideró que la amenaza es especialmente grave porque el Estado tiene la obligación de asegurar la libertad de expresión y, en una democracia, los periodistas ejercen este derecho de manera continua, estable y reiterada.
La Flip celebró la decisión adoptada por el juzgado pues se tuvo en cuenta el grave impacto que tienen las amenazas para el trabajo de una prensa libre en Colombia. Sin embargo, la impunidad en estos crímenes sigue siendo la regla general, pues el 98 % de los casos de amenazas contra periodistas continúan sin esclarecer.
Además, ese organismo advirtió que perdura una situación de riesgo para el ejercicio de la labor periodística por la falta de investigación y sanción de las amenazas y otros crímenes.
“Esto envía un mensaje permisivo a quienes atacan a la prensa y deja inconclusa la desactivación del riesgo. Es necesario que la Fiscalía refuerce sus técnicas de investigación y judicialización de las amenazas contra periodistas, pues este es uno de los delitos que más afecta a la prensa en Colombia, siendo cada año la principal agresión contra la prensa”, señaló la Flip.
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