Liberan a los 180 militares retenidos en Tibú, Norte de Santander

El Ejército Nacional de Colombia confirmó, en la noche de este jueves, que los habitantes de la vereda Chiquinquirá, en el municipio de Tibú, Norte de Santander, ya liberaron a los 180 militares que se encontraban retenidos tras adelantar labores de erradicación de cultivos ilícitos en la zona.

Desde la Defensoría del Pueblo reportaron que gracias a su mediación y la de “la Personería del Municipio de Tibú, se logró poner fin a la obstrucción de las labores de erradicación de cultivos de uso ilícito que adelantaban cerca de 180 soldados del Ejército Nacional”.

Valga recordar que, según la institución castrense, los uniformados estuvieron retenidos por al menos 400 cultivadores de coca que se ven afectados por la tarea que están adelantando, y que por ende estarían buscando algún tipo de garantía o el reinicio de las iniciativas de sustitución. No obstante, desde el Ejército Nacional aseguran que se trata de una estrategia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para ganar tiempo y poder trasladar la producción a otro punto, para no perderla.

Bajo ese contexto, la Defensoría aseguró que los encargados de la negociación pertenecían a un equipo de profesionales del departamento, que entablaron conversación con los líderes de las comunidades campesinas y los miembros del Ejército para verificar la situación de los uniformados y llegar a una serie de acuerdos.

Los funcionarios contaron con el respaldo de un puesto de mando unificado conformado por miembros de la Gobernación de Norte de Santander, que tuvo la tarea de verificar que se están garantizando los derechos humanos de todos los involucrados en la situación.

Igualmente, se estableció un consejo de seguridad de la Segunda División del Ejército Nacional que se encargó de determinar rutas de concertación, que permitieron mantener el bienestar de los 180 soldados retenidos por la comunidad de la vereda tibuyana.

A pesar de los diálogos, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, insistió en que la situación fue un secuestro perpetrado por parte de la comunidad campesina, que retuvo a los militares en una cancha de la vereda con el objetivo de evitar que continuaran con la labor de erradicación que venían adelantando desde hace 34 días en la zona.

“Pretender retener soldados que cumplen con erradicación de cultivos ilícitos en Catatumbo es un secuestro y demuestra que el narcotráfico es la mayor amenaza a la democracia. Contra los que así proceden, la respuesta es la ley. No aceptamos chantajes contra la autoridad y la ley”, había señalado en un principio.

Por su parte, el brigadier general Omar Esteban Sepúlveda Carvajal, comandante de la Segunda División del Ejército, había explicado que, “a los soldados inicialmente les hicieron una asonada en la cual más de 200 campesinos los fueron acorralando, intentaron raparle los fusiles, intentaron golpearlos. Los soldados no han hecho uso de las armas, han respetado la distancia para no entrar en confrontación con los campesinos a raíz de todos estos improperios”, agregó el oficial.

En contraste, un comunicado de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCCAM, señaló que, “hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que respeten los derechos de las comunidades, dado a que en la ejecución de las erradicaciones del 2020 se presentó el homicidio de dos campesinos presuntamente por parte de la fuerza pública”.

Finalmente, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, señaló: “rechazo las vías de hecho y reitero la importancia del diálogo como mecanismo fundamental para lograr acuerdos entre las partes, siempre sobre la base del respeto por los derechos humanos de todos los ciudadanos, sin distingo de condición alguna”

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