A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación, informó que el funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Diego Ramírez López fue cobijado con medida de aseguramiento intramural por su presunta responsabilidad en el homicidio de Eyder Fernando Villaquirán, durante hechos investigados que ocurrieron el pasado 1 de octubre en el barrio Alfonso López de la capital caucana.
Según el ente investigador, el asesinato del pregunto ladrón sucedió cuando Ramírez López, al parecer, le reclamó a Villaquirán la devolución de un chaleco institucional que, supuestamente, este último habría hurtado.
De acuerdo con las investigaciones del cuerpo especializado de la Policía Nacional y Fiscalía, Ramírez habría usado el arma de fuego que le fue asignada por la UNP para asesinar a la víctima mortal, luego de la negativa al requerimiento de devolución de la prenda institucional. Y posteriormente, habría filmado el momento en el que cometió el acto criminal, hechos acaecidos en la capital del departamento del Cauca.
Los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudados por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Cauca y la Sijín de la Policía Nacional le permitieron a la Fiscalía llamar a imputación de cargos al funcionario de la UNP por el delito de homicidio agravado.
Sin embargo, el funcionario de la UNP que fue acusado no aceptó los cargos impuestos, este fue conducido a un centro carcelario por determinación del juez del caso, lugar en el que permanecerá mientras se adelanta la correspondiente investigación y juicio.
Por el momento, se conoció que el juez encargado del caso determinó que la medida de aseguramiento debía cumplirse en la cárcel.
Por otro lado, en las últimas horas, también se conoció que la Fiscalía impuso nueva medida de aseguramiento contra Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, señalado jefe financiero de la ‘Casa Castaño’, por homicidio agravado y tentativa de homicidio.
De acuerdo con el ente acusatorio, la investigación, que se le sigue al señalado jefe financiero de la entonces estructura paramilitar Casa Castaño, dentro de los parámetros de la Ley 600 de 2000, se relaciona con el homicidio de ocho personas, perpetrado el 11 de mayo de 1996, en el corregimiento de Coredó (Chocó).
Según el pronunciamiento de este caso por parte de la Fiscalía, esta decisión se fundamenta en las versiones rendidas por los postulados Hebert Veloza García, alias HH; y Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín, el día 2 de septiembre de 2021, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, de las cuales compulsó copias la Dirección de Justicia Transicional.
En tales declaraciones, se sindica a alias ‘Lucas’ es coordinador del desplazamiento de los sicarios desde el municipio de Santa Fe de Antioquia (Antioquia) hasta Juradó (Chocó), donde se cometió la masacre, al parecer ordenada por los hermanos Castaño Gil.
Cabe recordar que en abril de 2021, un fiscal de Justicia Transicional implementó medidas de garantía de prisión preventiva al imputado luego de ser acusado de participar en tres funcionarios del Equipo Técnico de Investigación de Asesinatos (CTI), ocurrido en 1997 entre 1998 y 1998 en Medellín.
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