Alcaldía de Medellín continuará buscando nuevo contratista para Hidroituango, sin importar el fallo de la Contraloría

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, insistió con que EPM buscará la forma de lograr el cambio de contratistas para avanzar con el proceso de Hidroituango, a pesar de que existe la posibilidad de una prorroga para que el Consorcio CCC Ituango continúe con el desarrollo del proyecto, una vez se conozca el fallo de segunda instancia por parte de la Contraloría de la República.

Para lograrlo, señaló el mandatario, se adelantará una licitación pública nueva, en la que se recibirían propuestas para darle continuidad al megaproyecto. “Si se la ganan, van a ejecutar el contrato desde el momento que termine la licitación”, le dijo Quintero a Blu Radio.

La emisora recordó que las declaraciones del alcalde de la capital antioqueña se conocen luego de que se decidiera que ya no hay posibilidades para que el Consorcio le ceda el contrato de construcción a un nuevo contratista, no sólo por cuestiones del cumplimiento del cronograma de construcción, sino también porque no existirían nuevos interesados en darle continuidad a la represa.

En ese sentido, reconoció que se trata de una licitación paralela, en tanto en este momento sigue adelantando conversaciones con los actuales constructores para decidir un periodo prudente de extensión al contrato que está vigente hasta diciembre próximo.

En palabras de Quintero, “uno tiene que dar garantías a quienes inicien la licitación, no lo están haciendo en vano. Y, por tanto, una vez inicie la licitación, hay que darle la certeza a quiénes participan en la licitación de que si se la ganan, van a ejecutar el contrato desde el momento en que se termine la licitación”.

Como blindaje a la licitación frente al futuro fallo de la Contraloría, el alcalde recordó que quienes decidan participar deberán hacer unos pagos millonarios (formularios, propuestas, etc.) sobre los que se deben ofrecer garantías, que se traducen en la continuidad del contrato paralelo.

Esta información se conoce el mismo día en el que el Consorcio actual demandó a Quintero por presunta injuria. Quien interpuso la demanda directamente ante el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, fue el apoderado de Conconcreto, Camargo Correa Infra y Coninsa Ramón H, Fabio Humar Jaramillo. Para ello, redactaron una carta en la que solicita que el ente “adelante las averiguaciones necesarias que permitan llamar a audiencia de formulación de imputación y llame a imputación de cargos penales”, contra el mandatario de la capital antioqueña.

El documento de 13 páginas, que cita entrevistas y columnas en medios de comunicación en las que el alcalde Quintero lanza dardos contra las tres empresas por los “inconvenientes” que ha atravesado la construcción de la represa desde 2018, cuando se inundó la sala de máquinas, en lo que los denunciantes clasifican como “eventos relacionados con caso fortuito y fuerza mayor”.

Entre los comentarios citados por las empresas, y que serían injuria, se cuenta una entrevista ofrecida a esa misma emisora y en la que Quintero las acusó de estar empleando estrategias para evitar el cobro por parte de la Contraloría y de hacerse pasar por víctimas, cuando los afectados son EPM y los colombianos.

En la misma intervención señaló que, “le bajaron los pernos, cambiaron los diseños, hicieron que colapsara la represa”, señalándoles directamente de los retrasos y problemas que sufre actualmente la represa y por los que no han sido encontrados culpables por parte de las entidades encargadas de adelantar ese tipo de investigaciones.

El defensor advirtió, “señor fiscal, los hechos anteriormente relatados y soportados por los anexos demuestran que se cometieron, al menos desde el punto de vista objetivo, el delito de injuria”. Sobre los comentarios, insistió en que “todas estas manifestaciones son falsas y no es cierto, como pretende hacerlo creer a la opinión pública, que la sanción fiscal procedió por estos hechos”.

Sobre eso último, las empresas argumentan que los comentarios de Quintero carecen de argumentos fácticos, judiciales o administrativos que demuestren que son estas, efectivamente las culpables de todo lo acontecido con el megaproyecto. El hecho de que no haya un fallo penal o disciplinario que le de sustento a los alegatos del alcalde.

Con todo, el abogado concluyó que, “como se puede observar con la jurisprudencia citada, con los hechos narrados y con pruebas aportadas, las aseveraciones proferidas por el alcalde Quintero, en contra de mis defendidas, son deshonrosas. Son aseveraciones que traspasan la libertad de información y de opinión, y que se adecúan a los tipos penales de injuria y calumnia”, por lo que le pidió al ente acusador tomar cartas en el asunto.

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