La organización de víctimas de Colombia ‘Corporación MilVíctimas’ hizo un llamado al reconocimiento de los militares como víctimas de graves violaciones de sus derechos humanos en su labor de enfrentar los grupos armados organizados en el país.
Esta ONG, la cual ha solicitado en varias oportunidades el reconocimiento de los militares como víctimas del conflicto armado, celebró la captura del máximo cabecilla del Clan del Golfo, Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel, señalado como el narcotraficante más buscado del país por los métodos y medios empleados en contra de los miembros de la fuerza pública.
“La Corporación MilVíctimas celebra que uno de los más grandes perpetuadores de infracciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), hoy rinda cuentas ante la justicia”, señaló la ONG.
En ese sentido, la Corporación señaló que esta estructura criminal, heredera de los grupos paramilitares y considerada el cartel de narcotráfico más grande del país, ha empleado la instalación de artefactos explosivos y de minas antipersona en su lucha contra las Fuerzas Armadas en el país, artefactos prohibidos por la comunidad internacional.
La entidad recordó que en los últimos cinco años, periodo en el que el Clan del Golfo incrementó su presencia en los territorios a través de la violencia y pactos con otras organizaciones armadas, 20 militares fueron víctimas del uso indiscriminado de artefactos explosivos improvisados empleados por la organización liderada entonces por alias Otoniel.
“En el departamento de Córdoba el Clan del Golfo, con su estructura Carlos Vásquez, unido a la estructura 18 de las disidencias de las FARC, han dejado desde 2019 hasta hoy, con el empleo indiscriminado de explosivos, 11 víctimas en las fuerzas militares, siendo las poblaciones de Tierra Alta y Puerto Libertador, las más afectadas por estas prácticas ilícitas de guerra”, indicó la entidad en un informe.
En ese sentido, señalaron que entre el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN han violado el principio de distinción, así como el principio de limitación al hacer uso de estos métodos que no son autorizados por el derecho de La Haya en una confrontación armada.
De igual manera, recordaron que a esta estructura criminal, que ha anunciado represalias por la detención de su máximo cabecilla y la cual ya ha realizado dos atentados en el que han fallecido cuatro militares en los últimos días, le encontraron 563 minas antipersona que iban a ser instaladas en la región del Urabá antioqueño.
“Estos datos alarmantes sobre el crecimiento de casos de violaciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, se suman al llamado de las víctimas de medios y métodos ilícitos de guerra, a ser reconocidos por la Justicia Transicional con la apertura del macro caso que cobije estos terribles hechos ocurridos en el marco del conflicto armado interno y aun presentes en el país”, concluyó la Corporación MilVíctimas.
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