Exfiscal Gustavo Moreno se declara en insolvencia económica

En caso de ser aceptada la solicitud, además de no tener que pagar la sanción impuesta, Moreno podrá acceder a beneficios como la vigilancia electrónica o detención domiciliaria

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Fotografía cedida por Migración Colombia
Fotografía cedida por Migración Colombia que muestra al exfiscal anticorrupción de Colombia Luis Gustavo Moreno (c) tras su deportación desde EE.UU. hoy, en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá (Colombia). EFE/Migración Colombia

Este miércoles 27 de octubre, se conoció que la defensa del exfiscal Gustavo Moreno, condenado por el ‘Cartel de la Toga’, realizó una solicitud para declarar a su cliente en insolvencia económica y así evitar pagar la millonaria multa, como dicta el decreto del Ministerio de Justicia.

Cabe recalcar que, el exfuncionario cumple una condena de cuatro años y 10 meses en una unidad militar y fue sancionado monetariamente con 143.74 salarios mínimos legales mensuales.

En caso de ser aceptada la solicitud, además de no tener que pagar la sanción impuesta, Moreno podrá acceder a beneficios como la vigilancia electrónica o detención domiciliaria. Según un decreto del Ministerio de Justicia, los internos que aspiren a ser beneficiados con estos mecanismos de vigilancia fuera de la cárcel tendrían que asumir esos costos, sin embargo, esto no se aplicaría a las personas que no tengan el dinero para hacerlo.

En septiembre pasado, el Juzgado 64 de Control de Garantías prorrogó por un año más el principio de oportunidad que fue alcanzado en 2018 con Moreno. De acuerdo con la jueza, el exfiscal mantendrá su colaboración con la justicia sin que se espere que la información que se suministre sea efectiva al termino de un proceso penal.

En su decisión, la funcionaria judicial explicó que es la única modificación que se estableció a través de la resolución emitida por el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, el pasado 30 de junio.

De igual forma, argumentó que desde 2018, año en el que se suscribió dicho principio de oportunidad, la ampliación ha sido solicitada en dos oportunidades en las que el exfiscal se ha comprometido a continuar aportando información que permita avanzar en la investigación penal en contra de quienes tuvieron participación directa dentro del entramado de corrupción que afectó a la Rama Judicial.

También, destacó que por la colaboración del exfiscal Moreno se han obtenido 18 resultados positivos dentro del escándalo del ‘Cartel de la Toga’, lo que definió como “positiva su participación y colaboración”.

De fiscal anticorrupción a corrupto

El abogado Luis Gustavo Moreno desarrolló una exitosa carrera que lo llevó a ser director nacional anticorrupción en la Fiscalía General de la Nación; sin embargo, fue capturado en Bogotá el 27 de junio de 2017 por su participación en un entramado de corrupción en el que se vieron envueltos magistrados de las altas cortes, en un escándalo que se conoce como el Cartel de la Toga’.

Abogados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la ayuda del exfiscal Moreno, alteraron desaparecieron, desviaron o dilataron procesos, en los que estaban vinculados, principalmente, reconocidos políticos, entre los que se encontraba el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.

Tras escapar a Miami, Lyons se convirtió en informante de la DEA y realizó una serie de grabaciones secretas en las cuales el exfiscal Moreno le pedía una gruesa suma de dinero para ayudarlo en su caso.

Con base en esas grabaciones y otras pruebas, la Fiscalía ordenó la captura de Moreno, acusado de recibir dinero para cometer un delito; Tras su detención fue extraditado el 17 de mayo de 2018 a los Estados Unidos, donde fue vinculado a un proceso por lavado de activos.

Antes de su extradición, el abogado firmó un principio de oportunidad y delató a 26 personas que estarían vinculadas con el ‘Cartel de la Toga’ (la gran mayoría de ellos abogados, magistrados y excongresistas).

En diciembre de 2020, tras pagar una condena de 48 meses de prisión por lavado de activos, Moreno fue deportado de nuevo a Colombia, donde tendrá que purgar una pena de cuatro años y 10 meses, pero debe aportar información sobre magistrados, congresistas, fiscales y altos funcionarios involucrados en los casos de corrupción.

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