Constructores de Hidroituango acusan formalmente a Daniel Quintero por injuria

La defensa de las empresas que se encuentran levantando la represa aseguraron que el alcalde de Medellín no cuenta con argumentos o pruebas para acusarlas de ser las culpables de los problemas del proyecto

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Imagen de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A
Imagen de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

El drama que rodea la construcción de Hidroituango continúa desarrollándose y está a punto de abrir un nuevo capítulo en la escena judicial, luego de que los constructores del proyecto decidieran denunciar penalmente al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por el delito de injuria.

Según informó Blu Radio, quien interpuso la demanda directamente ante el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, fue el apoderado de Conconcreto, Camargo Correa Infra y Coninsa Ramón H, Fabio Humar Jaramillo. Para ello, redactaron una carta en la que solicita que el ente “adelante las averiguaciones necesarias que permitan llamar a audiencia de formulación de imputación y llame a imputación de cargos penales”, contra el mandatario de la capital antioqueña.

El documento de 13 páginas, que cita entrevistas y columnas en medios de comunicación en las que el alcalde Quintero lanza dardos contra las tres empresas por los “inconvenientes” que ha atravesado la construcción de la represa desde 2018, cuando se inundó la sala de máquinas, en lo que los denunciantes clasifican como “eventos relacionados con caso fortuito y fuerza mayor”.

Entre los comentarios citados por las empresas, y que serían injuria, se cuenta una entrevista ofrecida a esa misma emisora y en la que Quintero las acusó de estar empleando estrategias para evitar el cobro por parte de la Contraloría y de hacerse pasar por víctimas, cuando los afectados son EPM y los colombianos.

En la misma intervención señaló que, “le bajaron los pernos, cambiaron los diseños, hicieron que colapsara la represa”, señalándoles directamente de los retrasos y problemas que sufre actualmente la represa y por los que no han sido encontrados culpables por parte de las entidades encargadas de adelantar ese tipo de investigaciones.

Bajo ese mismo contexto, el alcalde agregó que, “primero que hay que reconocer y entender es que esta represa debió empezar a funcionar en 2018 ¿Quiénes son los responsables de que esta empresa, esta represa no esté funcionando desde 2018? ¿Nosotros o los que le bajaron la calidad a los materiales, los que le bajaron la calidad a los hierros, los que no pusieron los pernos que eran, los que cambiaron los diseños?”.

Dicha entrevista llevó a que distintos medios de comunicación presentaran a los constructores como los culpables de los problemas que atraviesa Hidroituango actualmente, llegando hasta a compararlos con el Grupo Nule, reconocido por el carrusel de la contratación, uno de los más importantes escándalos de corrupción del país; y con Fabio Puyo Vasco, condenado por actos de corrupción en la represa del Guavio.

Así las cosas, el defensor advirtió, “señor fiscal, los hechos anteriormente relatados y soportados por los anexos demuestran que se cometieron, al menos desde el punto de vista objetivo, el delito de injuria”. Sobre los comentarios, insistió en que “todas estas manifestaciones son falsas y no es cierto, como pretende hacerlo creer a la opinión pública, que la sanción fiscal procedió por estos hechos”.

Sobre eso último, las empresas argumentan que los comentarios de Quintero carecen de argumentos fácticos, judiciales o administrativos que demuestren que son estas, efectivamente las culpables de todo lo acontecido con el megaproyecto. El hecho de que no haya un fallo penal o disciplinario que le de sustento a los alegatos del alcalde.

Con todo, el abogado concluyó que, “como se puede observar con la jurisprudencia citada, con los hechos narrados y con pruebas aportadas, las aseveraciones proferidas por el alcalde Quintero, en contra de mis defendidas, son deshonrosas. Son aseveraciones que traspasan la libertad de información y de opinión, y que se adecúan a los tipos penales de injuria y calumnia”, por lo que le pidió al ente acusador tomar cartas en el asunto.

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