Al menos 200 uniformados están retenidos por los habitantes de las veredas Oru 7, El Progreso, Chiquinquirá, San Antonio, Caño Raya, El Líbano, Nazareth, La Esmeralda y San Martín, del municipio de Tibú, Norte de Santander.
De acuerdo con Blu Radio, los uniformados llegaron a la zona el 26 de octubre para erradicar de manera manual cultivos de coca.
La información del Ejército Nacional reveló que los uniformados se encuentran en una escuela del sector, mientras que la comunidad los rodea para que no sean rescatados por vía aérea o que salgan del lugar.
Junior Maldonado, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), se refirió a la retención de los uniformados y aseguró que el objetivo de tener a los soldados es que el Gobierno nacional cumpla con lo pactado frente a la sustitución de cultivos ilícitos.
Estamos en este proceso buscando que el gobierno cumpla lo pactado con estas comunidades para sustituir los cultivos ilícitos, creemos y estamos seguros de que erradicar traerá violencia, pobreza y desplazamiento.
La emisora aseguró también que se espera la llegada una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal para que se logre la liberación de los soldados.
La retención de militares por parte de la ciudadanía ocurre con frecuencia en lugares apartados de Colombia y golpeados por la violencia. El pasado 17 de abril, la comunidad de Argelia, Cauca, retuvo a más de 100 miembros del Ejército por varias horas, para luego ser liberados y retirados del territorio como lo pidieron los campesinos de la zona.
“Las tropas, buscando proteger a la comunidad, fueron atacadas mediante el empleo indiscriminado de artefactos explosivos, lo que dejó como resultado el asesinato de uno de nuestros suboficiales, siete militares heridos y/o contusos, y una aeronave de la Fuerza Aérea afectada”, precisó el general Luis Fernando Navarro.
El suboficial del Ejército fallecido fue identificado como el cabo tercero, Diego Ricardo Gómez Chávez.
Frente a esta situación, el comandante de Fuerzas Militares de Colombia dijo que quienes cometen esta acción infringen la ley y que la comunidad interfirió en los actos urgentes de las autoridades.
Lo mismo ocurrió el 9 de marzo, cuando el Ejército Nacional confirmó la liberación de los nueve militares que habían sido retenidos por un grupo de indígenas de la comunidad Consuelo Bajo en la vía Quibdó – Medellín. El acto se registró luego de negociaciones del comandante de la Séptima División del Ejército, general Juvenal Díaz, junto a delegados de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y líderes sociales.
Los militares, que fueron entregados a la comisión de la Defensoría del Pueblo, estaban en buenas condiciones físicas y de salud, sin embargo, fueron trasladados a Quibdó para ser sometidos a exámenes médicos y psicológicos para descartar cualquier situación.
Los retenidos, de acuerdo con el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, hacen parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán y fueron abordados por los indígenas en la vía Quibdó - Medellín .
Zapateiro afirmó a los medios de comunicación que se buscó una salida negociada con la comunidad indígena, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. El comandante, sin embargo, fue enfático en calificar el hecho como un secuestro.
“Es un secuestro cuando alguien detiene a los soldados en esas labores que son constitucionales. Somos respetuosos de sus situaciones especiales que manejan los indígenas y por eso le di órdenes al general Juvenal para que fuera personalmente a manejar esta situación con el gobernador indígena”, dijo el uniformado.
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