Por considerarlo un peligro para la comunidad, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Leonardo Augusto Cabana, solicitó al Tribunal Superior de Bogotá imponer medida de aseguramiento en contra del capturado gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros.
Además, el fiscal reveló que testigos clave en este caso habrían denunciado que sus “vidas corren peligro” por declarar sobre los supuestos nexos de Castillo con la guerrilla del ELN.
Precisamente, uno de éstos, en entrevista con la Fiscalía, aseguró que podría ser asesinado si declaraba en contra del gobernador dada la alianza existente entre éste y el ELN.
Otro elemento resaltado por el fiscal delegado durante la audiencia fue la negativa de la comunidad a colaborar con las autoridades por las represalias que sufrirían sus familias en caso de brindar testimonio en el caso. En campo, aseguró el fiscal, algunos potenciales testigos no quisieron dar sus nombres por este mismo temor.
En la presentación de las pruebas con las que la Fiscalía imputó al gobernador por cargos como concierto para delinquir y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, Cabana indicó que el gobernador en sus dos periodos (2012-2015, y 2020 a la fecha) habría pactado un acuerdo financiero, a través de contratos estatales, con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN.
Esta alianza le garantizaba al ELN mantener su obrar criminal en el departamento a cambio de logística y protección militar para el gobernador en sus desplazamientos por los municipios del oriente colombiano.
Por lo anterior, el fiscal delegado señaló que se cuenta con evidencias suficientes que demuestran los constantes encuentros sostenidos por el hoy Gobernador con diferentes miembros de la guerrilla del ELN. Además, resaltó que no existe lugar a duda en cuanto al poder económico y político de Castillo Cisneros para obstruir las investigaciones que contra él se adelantan.
En su orden, los cargos que se le imputan al funcionario son: concierto para delinquir, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; peculado por apropiación agravado.
La decisión quedó en manos del magistrado Dagoberto Hernández, quien tendrá que analizar los argumentos de la Procuraduría así como los de la defensa del Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, para definir si cobija o no al mandatario con medida de aseguramiento privativa de la libertad.
El funcionario fue reelegido bajo las banderas de la coalición Unidos por Arauca, con 46.509 votos, para el periodo 2020-2023, contó con el apoyo del partido Cambio Radical, el Partido Social de Unidad Nacional, el Movimiento Alternativo Indígena y Social y Colombia Renaciente, así como con los votos de la la Alianza Social Independiente y el partido Unión Patriótica.
Fue detenido a su arribo a Bogotá en la madrugada del jueves 21 de octubre, cuando venía a cumplir compromisos del departamento en el evento AgroExpo 2021.
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