Ministro de Ambiente deberá responder por el Acuerdo de Escazú en debate de control político

Por no impulsar el Acuerdo de Escazú y la participación ciudadana en contextos extractivos, el ministro de Ambiente, Carlos Correa, deberá rendir cuentas ante el Congreso de la República. El representante a la Cámara por el Partido Liberal Juan Carlos Losada anunció, este 26 de octubre, que citará a debate de control político al funcionario, argumentando que no ha demostrado diligencia en procesos que son claves para el país.

Esta idea estaba planteada desde hace un tiempo, pero el representante decidió oficializarla después de que el 25 de octubre el ministro no se presentara a una audiencia pública para debatir el proyecto de ley de participación ciudadana en contextos extractivos. Losada señaló que Correa le incumplió a los líderes ambientales que estaban esperando que se pronunciara y por eso lo tildó de cobarde.

El representante aseguró que es importante que la normativa avance, porque hay un déficit gigantesco de participación desde que la Corte Constitucional tumbó la posibilidad de las consultas mineras. Desde ese momento se esperaba que el Congreso reglamentara la forma en que las comunidades deben participar en los contextos extractivos, pero desde MinAmbiente aún no dan línea respecto a esto.

Por otra parte, el representante señaló que el ministro no se ha esforzado por reglamentar el Acuerdo de Escazú. El Congreso no alcanzó a votar el pacto en la legislatura pasada y se esperaba que en este nuevo ciclo se radicara nuevamente, sin embargo, esto no ha sucedido.

Es de mencionar que el Acuerdo de Escazú sigue pendiente a pesar de las acciones lideradas por otros políticos colombianos que han llamado la atención sobre el tema. De hecho, el pasado 27 de septiembre los congresistas de la oposición presentaron una acción de cumplimiento para que se impulse cuánto antes la normativa medioambiental.

Quienes lideran la acción jurídica son los congresistas Iván Cepeda, Feliciano Valencia, Antonio Sanguino y Abel David Jaramillo. Además, es apoyada por Camilo Niño, integrante de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), y Mayerly López y Elizabeth Muñoz, defensoras ambientales en los departamentos de Santander y Tolima, respectivamente.

Hay que recordar que el Acuerdo de Escazú es fundamental para establecer garantías sobre el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales como la protección de líderes ambientales. Se resalta la importancia de este último punto ya que según la organización internacional Global Witness, Colombia ocupa el primer puesto de países con más asesinatos de defensores medioambientales reportados el año pasado.

Además, resaltan que Colombia atraviesa un escenario de aumento de los conflictos socioambientales que está afectando gravemente los territorios y a los defensores ambientales. Según el Atlas de Justicia Ambiental, a julio de 2020 Colombia contaba con 2.743 conflictos ambientales, ya sean por deforestación, modelos extractivistas, delimitación de páramos, entre otros.

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