“La campaña es independiente”: Daniel Quintero se defendió por empresa fantasma que lo habría financiado

El mandatario de los medellinenses se refirió a la investigación del periódico El Colombiano y dijo que las autoridades avalaron los fondos para su campaña

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Imagen de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A
Imagen de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

El alcalde de Medellín le salió el paso a las revelaciones del diario antioqueño El Colombiano, que asegura que una empresa fantasma, denominada como Celeste Inversiones S. A. S., habría patrocinado buena parte la campaña de Daniel Quintero y que le permitió ganar la Alcaldía en la capital paisa.

En plena audiencia pública, el burgomaestre se refirió al tema, desvirtuó las acusaciones del principal medio de Antioquia y dijo que, contrario a otras campañas, la suya ha sido de las más ‘limpias’.

“Nuestras cuentas son quizá las más auditadas de nuestro país. Nuestra campaña se hizo independiente, sin partidos, sin jefes políticos, con muy bajas donaciones; la ha auditado el Consejo Nacional Electoral y no tienen ni una sola investigación ni hay dudas sobre una sola financiación. Lo que pasa es que no me financió el GEA y eso sí es serio”, expresó Daniel Quintero.

La respuesta del alcalde, que también se desligó de los establecimientos y una vez más defendió las actuaciones con las que llegó a la administración medellinense, se dan luego de que el diario aseguró que la empresa antes mencionada donó 22.500.000 más otros 13 millones en especie a la campaña de Quintero.

Sin embargo, lo particular del caso es que, acuerdo con El Colombiano, esta sería una empresa fantasma que nació en 2016 con un plante de un millón de pesos y que, para el 2019, cuando se gestaba la contienda por la administración local, le habría entregado los fondos antes mencionados a Quintero. Es decir, Celeste Inversiones S. A. S. le entregó todo lo que había ganado en un año a esa campaña.

El equipo periodístico de Noticias RCN se dirigió hasta las supuestas instalaciones del establecimiento y lo que encontraron fue la respuesta del personal de seguridad que aseguró que allá “no quedan empresas”.

Es decir, no se sabe dónde funciona la organización que, de acuerdo con la investigación de El Colombiano, su objeto social es “indeterminado” y “como tal podrá realizar cualquier tipo de actividad económica lícita en Colombia como en el extranjero”.

El periódico asegura que en los registros que consultaron no hay data financiera de la entidad, pero en el Registro Único Empresarial y Social se asegura que es una empresa de transportes, aunque en el propio Ministerio de Transporte no hay información relacionada con dicha organización.

Vale mencionar que en otro de los apartes del estudio que reveló recientemente el periódico paisa, se asegura que, aunque la empresa le donó las cantidades antes descritas al alcalde Quintero, en un año pasó de facturar 350 millones de pesos a generar, supuestamente, 4.195 millones para llevar pasajeros y cargas. Lo que, como ya se mencionó, no tendría el aval de los gobiernos nacional, local o departamental.

Asimismo, El Colombiano reveló que una de las principales accionistas de la compañía implicada sería secretaria en la Alcaldía de Medellín. O por lo menos, así se refleja en el sistema de información y gestión del empleo público de la ciudad.

Esta información se conoce luego de que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) le puso un ‘tatequieto’ al alcalde Daniel Quintero Calle y a varios de los funcionarios de su administración que habrían atacado en repetidas ocasiones a El Colombiano.

La FLIP emitió un impetuoso pronunciamiento en la mañana de este jueves 21 de agosto donde rechazaron las conminaciones de las que han sido víctimas los periodistas de ese portal antioqueño. “La FLIP conoce que en las últimas semanas Daniel Quintero y su equipo de gobierno han realizado comentarios que configuran hostigamiento hacia el medio”, expresó la entidad mediante un hilo de su cuenta de Twitter.

“Los servidores del Estado deben ser garantes de la libertad de expresión y respetar la independencia editorial de los medios. Restringir los derechos a la libertad de prensa, información y expresión, constituye falta disciplinaria de acuerdo con lo previsto en la Ley 734 de 2002″, agregan.

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