Exgobernador de Arauca alegó tener problemas mentales y se durmió durante imputación de cargos

Los dos últimos gobernadores de Arauca, José Facundo Castillo y Ricardo Alvarado, fueron capturados y están siendo procesados por los presuntos beneficios que le habrían otorgado, al parecer por medio de contratos públicos, a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Este miércoles en la audiencia de imputación de cargos, el abogado de Alvarado, Iván Alfaro, alegó que el sindicado no entendía lo que le estaban diciendo y hasta se durmió durante la diligencia.

Sobre los supuestos reparos de la salud mental que expuso el exgobernador, Medicina Legal, luego de varios estudios, determinó que Alvarado sí estaba en condiciones de asistir y entender la audiencia, a pesar de tener una leve discapacidad mental que le afecta algún grado de comprensión.

Pero ese no fue un impedimento para que la Fiscalía le imputara los cargos por supuestos vínculos con la guerrilla ante el Tribunal Superior de Bogotá.

“Por orden de él en el año 2019, en la ciudad de Bogotá, en una cafetería se reunió el doctor Ricardo Alvarado Bestene con alias Mantequillo y alias Zenaida donde se acordó dejar gobernar a Facundo Castillo por uno o dos años y después eliminarlo porque estaba muy investigado y por medio de Facundo Castillo podían llegar al doctor Alvarado porque Facundo Castillo sabía mucho y ya no convenía a la guerrilla el ELN. Esa reunión dura aproximadamente una hora”, indicó el fiscal del caso.

El exgobernador tuvo que asistir junto a su esposa y además en varios momentos hizo parecer que no entendía algunas preguntas hechas por el magistrado, pero otras si las respondió diciendo que estaba confundido. Incluso, dijo que el ELN lo quiere matar.

Gobernador José Facundo Castillo fue llevado al búnker de la Fiscalía

Por este proceso de la presunta financiación del ELN, el actual mandatario de Arauca, José Facundo Cisneros, también fue capturado en la madrugada del jueves 21 de octubre en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

El funcionario llegó a la capital colombiana sobre las 10:00 de la noche, y fue interceptado por las autoridades de manera inmediata. Castillo Cisneros, que venía en un vuelo procedente de Arauca, es acusado de estar envuelto en actos criminales relacionados a delitos como concierto para delinquir, financiación del terrorismo, peculado y celebración de contratos sin requisitos legales.

El motivo de su viaje a Bogotá estaba relacionado con su participación en la Agroexpo 2021, evento que se realizará en Corferias del 22 de octubre al 1 de noviembre, sin embargo, su objetivo se vio truncado por parte de la justicia.

Fueron hombres pertenecientes al CTI los que retuvieron al hombre y, posteriormente, lo llevaron al búnker de la Fiscalía. El gobernador, que tuvo que pasar la noche allí, espera ser presentado ante un juez de control de garantías a lo largo de este jueves 21 de octubre.

Cabe recordar que, esta administración por parte del gobernador es la segunda bajo su nombre, pues, había sido reelegido por la coalición Unidos por Arauca, con 46.509 votos. Esa coalición está conformada por el Partido Cambio Radical, el Partido Social de Unidad Nacional, el Movimiento Alternativo Indígena y Social y Colombia Renaciente, así como el apoyo de la Alianza Social Independiente y el partido Unión Patriótica.

Fue en 2020 cuando la Procuraduría General de la Nación decidió abrirle un pliego de cargos a Castillo Cisneros por, según las acusaciones, presuntas irregularidades en la adquisición de paquetes alimentarios destinados para la población vulnerable. Estos recursos habían sido otorgados durante los momentos más críticos de la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con información resaltada por la revista Semana, una de las acusaciones que tiene el gobernador de Arauca a su nombre tiene que ver con hechos ocurridos en octubre del 2014, cuando se registró la compra de un avión ambulancia por un valor de $8.290 millones. “El avión ambulancia se entregó en ‘concesión’ para su explotación privada a los nueve meses, el 21 de julio de 2015, a la empresa Colcharter, quien la opera desde la ciudad de Bogotá a partir de entonces”, manifestó el ente investigador, para una entrevista con Blu Radio. El contrato, según la Fiscalía, no había cumplido con todas las exigencias legales para su licitación, es decir, había sido entregado ‘a dedo’.

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