En horas de la mañana, de este miércoles, desde la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Dijín, se emitió un comunicado en el que informa que la Policía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a 68 bienes que pertenecen a Marco Antonio Ramírez Varón, quien aparece como dueño y gerente de una Institución Promotora de Salud (IPS) que estaría involucrada en el denominado ‘cartel de la hemofilia’, hechos por los que Ramírez Varón fue condenado a más de siete años de prisión.
Entre los bienes, avaluados por más de $100.000 millones, se encontraban 41 inmuebles en la urbe, 16 establecimientos de comercio, seis vehículos y cinco sociedades.
“Se trata de 41 inmuebles urbanos, 16 establecimientos de comercio, seis vehículos y cinco sociedades avaluados en aproximadamente $100 mil millones. Los predios están ubicados en Bogotá, Ibagué y Espinal (Tolima), Coveñas (Sucre), Cúcuta y Chinacota (Norte de Santander), Villavicencio (Meta) y en Palermo (Huila)”, se puede leer en el reporte.
De acuerdo con la investigación realizada, se conoció que los bienes a nombre de Ramírez fueron presuntamente adquiridos con dineros producto del desfalco al sistema de salud con la comercialización de medicamentos adulterados, traídos desde Ecuador y Venezuela para tratar enfermedades crónicas y de alto costo.
Hace un poco más de dos años, específicamente en marzo de 2019, Ramírez Varón se allanó a los cargos en audiencia concentrada como responsable de los delitos de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, falsedad en documento privado, concierto para delinquir, corrupción de alimentos, entre otros. Hasta el momento se conoce que estos bienes fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales para su administración y posterior comercialización.
Sobre el Cartel de la ‘hemofilía’:
Carlos Vasco, secretario de Salud de Córdoba, entregó el pasado13 de octubre un desolador panorama frente a la situación de los hospitales en la región. De acuerdo con el informe, el departamento tiene millonarias deudas con hospitales, clínica y proveedores de medicamentos que superarían los 200 mil millones de pesos, debido a los escándalos de corrupción que por décadas ha vivido la zona.
Uno de estos escándalos que afectó a la gobernación es el llamado ‘cartel de la hemofilia’, que hizo que el departamento se quedara sin los recursos necesarios para los pagos de los servicios del Plan Obligatorio de Salud desde 2016, luego de una decisión del Ministerio de Hacienda.
La cartera de Hacienda exige a las autoridades locales que se creen estrategias para garantizar la no repetición de actos similares que afecten a la población pobre y no asegurada. A pesar de que esta estrategia ya fue presentada, no ha sido aprobada por el ministerio de Hacienda y por eso no hay recursos.
La facturación radicada desde 2010 asciende a 220 mil millones de pesos, cifra que se encuentra en proceso de auditoría para determinar la cifra real adeudada a IPS públicas y privadas y EPS.
De acuerdo con W Radio, los recursos están suspendidos en el Ministerio de Hacienda y serían por 77.000 millones de pesos, dinero que no puede cubrir la totalidad de la deuda que presentó la Gobernación de Córdoba.
El levantamiento de la medida correctiva interpuesta por Minhacienda desde 2016 (congelación de los recursos No POS), se dará en las próximas semanas. Se está en espera de la noticia.
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