Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, acusado por corrupción en contrato de alimentación escolar

Este lunes 25 de octubre, la Fiscalía General de la Nación acusó ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por presuntos actos de corrupción de su primer periodo como gobernador, entre 2012 y 2015.

Monsalvo Gnecco llegó a la Gobernación del departamento por una coalición de los Partidos U, Cambio Radical y Liberal, y fue acusado por la entidad por el contrato suscrito en agosto de 2015 con el ‘Consorcio Alimentación Escolar a Salvo’ por más de $17 mil millones de pesos. Las acusaciones son por contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado.

La Fiscalía General de la Nación ha identificado un presunto detrimento patrimonial por encima de $3.172 millones de pesos por sobrecostos y otras nueve irregularidades dentro de este contrato. Dentro del caso, el ente acusador ha encontrado que se facturaron alimentos con precios superiores a los verdaderos, por ejemplo, el kilo de hígado pasó por más de $65.000 pesos.

En el mes de julio de este año, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia había solicitado casa por cárcel y había imputado los delitos de apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales en contra del gobernador, los cuales no fueron aceptados por el mandatario regional.

“En las verificaciones, la Fiscalía identificó, por lo menos, nueve inconsistencias como falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación. Las investigaciones dan cuenta de que estas actuaciones habrían generado un peculado que asciende a $3.172′808.072”, insistió la Fiscalía este lunes 25 de octubre.

En la diligencia llevada a cabo al inicio de esta semana ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, el fiscal delegado Julio Ospino insistió en que la responsabilidad del gobernado Gnecco dentro de este caso de corrupción no puede ser eximida solo porque el mandatario delegó todo lo relacionado con el contrato.

“Él era el llamado, en principio, a liquidar el contrato y el hecho que lo haya delegado no lo exime de responsabilidad por ser el representante de la entidad territorial y el ordenador del gasto”, señaló el fiscal.

De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación en un informe sobre la familia Gnecco en el Cesar, desde 2016 la Contraloría General de la República ha adelantado la investigación de 11 contratos firmados durante la primera gobernación de Luis Alberto Monsalvo que podrían haber incurrido en detrimentos patrimoniales.

Además, recientemente, el senador Antonio Sanguino denunció que el gobernador, durante su actual administración, presuntamente un negocio familiar que involucra a la contratación pública. Según lo señalado por el congresista, varios contratos de obras públicas tienen como proveedor a Geicas SAS, una cantera que funciona en un predio de la poderosa familia Gnecco en un predio que tiene como representante legal a la hermana del mandatario.

La historia de escándalos por corrupción en el PAE en el Cesar

Lamentablemente, el Plan de Alimentación Escolar que tiene como finalidad garantizar el complemento alimenticio para la capacidad de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes registrados en la matricula oficial, se ha convertido en una opción para varios políticos corruptos en este departamento del país.

Bajo el radar de las autoridades por irregularidades con el PAE han estado políticos como el exalcalde de Valledupar, Fredy Miguel Socarrás Reales, quien realizó una contratación irregular del PAE en el año 2014. Junto a Socarrás, fueron investigados el exsecretario de Educación, Asdrúbal Rocha Lengua; y la exasesora jurídica, Mery María Romero Mestre.

En el 2019, la fiscalía también abrió un caso al exalcalde Codazzi, Efraín Quintero Mendoza, por una contratación irregular del PAE en el año 2015. En este caso también se habrían registrado costos superiores a los alimentos, dejando un peculado de 340 millones de pesos.

El exalcalde fue judicializado junto al exsecretario de Educación, Raúl Casimiro Bermúdez Castilla, la contratista Linda Xiomara Navarro Hernández y la ingeniera civil Diana Margarita Trujillo Arévalo. Aunque todos están actualmente en libertad.

También están pendientes casos en los que se menciona a los exsecretarios Jorge Eliecer Araújo Gutiérrez y Jaime Luis Fuentes Pumarejo, de Educación Departamental y Secretaría General, respectivamente, y al senador Didier Lobo, quien fue alcalde de La Jagua de Ibirico.

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