Este martes 26 de octubre, la Fiscalía General de la Nación incautó bienes en varias ciudades del país, presuntamente relacionados con personas implicadas en los hechos de corrupción del contrato de construcción del interconector Tunjuelo – Canoas, que ocasionó pérdidas por más de 243.000 millones de pesos.
Los 77 bienes incautados como casas, apartamentos, fincas y vehículos de lujo, se encuentran en Bogotá, Villavicencio, Cajicá, Girardot, Tabio y Orocué, Casanare y están avaluados en alrededor de $27.044 millones.
De acuerdo con la Fiscalía, las propiedades con fines de extinción de dominio pertenecían a Jaime Buenaventura Quintero Sagre, Orlando Fajardo Castillo, Carlos Alberto Acero Arango, Carlos Alberto Solarte Solarte, Mercedes Lucía Garzón y Jaime Andrés Quintero Garzón.
También, le correspondían a Inversiones y Construcciones del Castillo S.A.S., Inversiones del Siglo XXI, María Camila Fajardo Russi, Vianny Sayuri Fajardo Briceño, José Gustavo Fajardo Castillo, Luz Mary Fajardo Castillo y Luis Gabriel Nieto.
De igual forma, la Fiscalía ocupó la casa de María Eugenia Rojas de Moreno, la madre de los Moreno Rojas, que está ubicada en la localidad de Teusaquillo y, según la investigación que recae sobre la familia, habría sido utilizada para el pago de sobornos y para la organización del crimen que terminó convirtiéndose en un millonario desfalco para la economía de la capital colombiana.
La casa de Rojas de Moreno está valorada en más de 300 millones de pesos, y aunque fue declarada como un ‘bien inmueble de interés cultural’, eso no significa que pierda su origen de ser una ‘propiedad privada’, sin embargo, sí se protege su integridad física e histórica. En esa casa, comentaron Emilio Tapia y Andrés Cardona, se entregaron las primeras cuatro coimas del polémico negocio, cada una de ellas, por un valor de 250 millones de pesos.
A los hermanos Moreno se le acusa de haber recibido una millonaria cifra de dinero por parte de los empresarios Orlando Fajardo Castillo y Paola Fernanda Solarte Enríquez a cambio del contrato Tunjuelo-Canoas.
El escándalo se destapó luego de que el contrato, de 240.000 millones de pesos, nunca se cumpliera, por lo que la obra nunca se desarrolló. La ausencia de la materialización del negocio generó, además de grandes huecos económicos, daños ecológicos que, por aquellos días, se calificaron como ‘incalculables’ e ‘irreversibles’. El proyecto, que no se realizó, pretendía descontaminar el Río Bogotá.
Por otro lado, este mismo martes la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de ocho años y cuatro meses de prisión en contra de Lucy Luna Albarracín, exesposa de Iván Moreno Rojas, luego de que se comprobara su culpabilidad respecto a la petición de comisiones que le hizo al Grupo Nule para que le otorgaran, a la empresa que ella representaba, la cesión de un espacio para la construcción de dos estaciones de servicio en el proyecto vial de la doble calzada entre Bogotá-Girardot.
Luna, deberá responder ante la justicia por el delito de concusión por constreñir a Miguel Nule en la sede de la Concesión Autopista Bogotá Girardot S, sin embargo, por el momento, la acusada no irá a la cárcel, pues se debe esperar a que la Corte Suprema de Justicia defina el recurso de impugnación especial. Cabe recalcar que, esta fue condenada en segunda instancia ya que en la primera había sido absuelta.
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