EPM dejó vencer los términos para notificar a los contratistas si tenía intenciones de que éstos no continuaran en el desarrollo de las obras de Hidroituango más allá del 31 de diciembre del 2021, según reveló el diputado Luis Eduardo Peláez a Caracol Radio.
Lo anterior fue soportado en un Acta de Modificación Bilateral #39, suscrita entre las partes (Consorcio CCC y EPM), y firmada por el representante legal del Consorcio, Santiago Cadavid, y el vicepresidente de proyectos de generación de energía, William Giraldo Jiménez, el pasado 22 de diciembre de 2020.
En dicha AMB se ratifica que: “en caso de que alguna de las partes no tenga intención de continuar en la ejecución de las obras del contrato más allá del 31 de diciembre de 2021, deberá notificar a la otra parte su intención de no continuar en la ejecución del contrato antes del 01 de julio de 2021″, lo cual respalda las declaraciones de Peláez a Caracol Radio.
Lo anterior es un elemento más en la polémica que ha suscitado un posible cambio de contratistas en las obras de la hidroeléctrica, la cual ha tenido un punto alto con el anuncio del BID de dar un paso al costado del proyecto.
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En contra del cambio de contratistas para la conclusión de obras se han pronunciado desde el presidente de la República, Iván Duque, hasta el gobernador de Antioquia, quienes han sido respaldados por la Superfinanciera y la Contraloría, dada la magnitud del problema que afectaría la seguridad energética de Colombia.
En el reporte entregado por Caracol, representantes legales del Consorcio CCC confirmaron que EPM no les notificó en los tiempos acordados su intención de no querer continuar con ellos la ejecución de las obras de Hidroituango.
Por lo tanto, si la decisión de la empresa es retirarse sin un fallo en firme de la Contraloría, la cláusula les permitiría demandar a EPM.
De otra parte, la empresa se mantiene en que los efectos jurídicos de un cambio de contratista “es una institución corriente dentro de la contratación pública y privada” la cual está permitida por el ordenamiento jurídico colombiano.
Lo anterior como respuesta a los interrogantes planteados por la Superfinanciera; así mismo, EPM informó de que mantenía un estrecho contacto con el Consorcio CCC con miras a resolver “temas relacionados con costos, cronograma del proyecto” y que, tras esto, desde la empresa emprendieron un plan de acción para dar con soluciones en caso de que los constructores no respondan a rajatabla con las previsiones.
Cabe resaltar que la posición oficial de la empresa han sido, por un lado, resaltar que es el fallo en primera instancia de la Contraloría obliga a la búsqueda de opciones para cumplir con el cronograma de entregas, y, por el otro, a que EPM señala contar con la suficiente robustez financiera para afrontar una contingencia de este tipo.
La caja del Grupo EPM alcanza los $4,6 billones lo cual, afirman desde el conglomerado antioqueño, “No incluye obligaciones por parte de EPM de mantener o no una(s) firma(s) contratista(s) especifica(s)”.
Lo que viene: este martes, 26 de octubre, EPM junto al Consorcio CCC se reunirán para encontrar salidas que permitan la incorporación de nuevas firmas que se comprometan a sacar adelante el cronograma estipulado para el primer semestre de 2022.
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