Después de que la Fiscalía General de la Nación ordenara una extinción de dominio en contra de tres bienes a nombre del senador Armando Benedetti, el político aseguró que interpondrá recursos jurídicos para que se revoque la acción. La noticia fue entregada por su abogado, Miguel del Río, quien explicó que esto es necesario porque considera que la actuación del ente acusador es “arbitraria y excesiva”.
“Acudiremos a la medida de control de legalidad porque las medidas cautelares no son susceptibles a apelación. Esta es una figura a la que acudimos a un juez de conocimiento para que revoque la medida cautelar y se siga el proceso natural en el que la Fiscalía debe interponer una demanda de extinción de dominio pero no bajo el chantaje o la amenaza”, dijo Del Río.
El abogado explicó que el proceder de la Fiscalía no es admisible porque la Ley 1708, que soporta los procesos de extinción de dominio, ha establecido que las medidas cautelares se dan cuando existe una eventualidad de urgencia o excepcionalidad. Esto significa que estas se imponen cuando existe la posibilidad de que el propietario oculte estos bienes o pueda realizar obras para engañar a la administración de justicia, hechos que no suceden porque, según Del Río, Benedetti está colaborando con la investigación.
Por otra parte, aseguró que los bienes embargados al político no tienen nada que ver con el proceso madre. Hay que recordar que los inmuebles incluidos en la medida cautelar expedida son tres: una casa en Barranquilla, una oficina que está en leasing y un apartamento en Altos del Retiro, ubicado al norte de Bogotá.
Este último inmueble es el que más llama la atención de las autoridades, pues al parecer hay dudas respecto a cómo fue adquirido por la anterior dueña, identificada como Ruby Corredor Día, quien al parecer no pudo justificar el origen de $1.600 millones para la compra de ese mismo apartamento que, antes de vendérselo a Benedetti, lo había adquirido mediante una subasta hecha por la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes. La Fiscalía le imputó a ella los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en 2009.
Ante esto, el mismo senador Benedetti aseguró que quien debería ser investigada es Corredor Diaz y no él.
“Lo que me está sucediendo hoy es como quien compra un carro de buena fe que luego aparece como robado. Con un agravante en mi caso: quien vendió inicialmente el apartamento fue el propio Estado, que tenía la obligación de verificar el origen de los recursos de la compradora. Según la extinción de dominio, si alguien tiene algo por justificar no es Benedetti, es la anterior propietaria”, denunció el senador en Twitter.
El abogado, a nombre del senador Benedetti, señaló que estas actuaciones se deben a una persecución político y sostuvo que esto se viene presentando desde que el político anunció su vinculación al Pacto Histórico y su apoyo al precandidato presidencial Gustavo Petro.
Actualmente, Benedetti está enfrentando una investigación por supuestamente incurrir en enriquecimiento ilícito. Esta situación fue revelada por la Corte Suprema de Justicia el pasado 29 de junio, cuando lo citó a indagatoria y expuso hallazgos de una investigación contable que darían prueba de que entre 2002 y 2018 su patrimonio tuvo un incremento de $ 2.919 millones sin explicación aparente.
“A partir del análisis del flujo de efectivo real del señor Armando Benedetti tiene por justificar $2.919.809.595 que no provienen de su actividad económica. Armando Benedetti, reportó ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), que su única actividad económica es la de asalariado”, se lee en la conclusión del ente.
A pesar de esto, Bendetti señaló que la información en la que se basa la Corte Suprema, que según él fue entregada por la Procuraduría General de la Nación, no es precisa. El senador aseguró que hacen falta soportes de préstamos que hizo en esa época y dineros que le entraron por otros conceptos como cesantías.
“La Procuraduría General de la Nación dice que el informe con el que me llamaron a indagatoria, que no es un dictamen, tiene fallas estructurales como no tener en cuenta los préstamos, las cesantías, etc. No hay un testigo, no hay una sola prueba, solo conjeturas de los investigadores”, escribió Benedetti momentos antes de informar que se entregaría en la Fiscalía.
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