La Procuraduría General de la Nación sancionó este sábado 23 de octubre al exalcalde de San Jacinto del Cauca, Bolívar, Enrique Carlos Franco Contreras (2016 – 2019) con la pena de destitución e inhabilidad de 12 años. Según informó el ente de control, esto se debe a irregularidades en la contratación de obras públicas en el municipio.
La decisión la tomó la Procuraduría Regional de Bolívar que, en fallo de primera instancia, estableció que el exfuncionario adjudicó, por más de $300 millones, el arreglo de varias vías de esa población mediante la figura de contratación directa. De esta manera, el exfuncionario eludió el proceso de convocatoria de una licitación pública que permitiera la participación de varios oferentes en igualdad de condiciones.
Para el Ministerio Público, al contratar directamente los trabajos con la Asociación de Municipios del Departamento de Córdoba -Amucórdoba-, Franco Contreras “impidió que la Alcaldía de San Jacinto del Cauca, en el departamento de Bolívar, objetiva y seriamente hubiera determinado cuál de las propuestas se ajustaba más a los fines públicos que se perseguían cumplir con la contratación, más cuando se trataba de una contratación que por su naturaleza debía adelantarse por licitación pública”.
Igualmente, el órgano de control, determinó que con su actuación el exalcalde vulneró los principios de responsabilidad, transparencia y selección objetiva de la función pública “pues privó a la entidad de la posibilidad de escoger una propuesta más favorable” para el municipio.
En ese sentido, la Procuraduría calificó la conducta de Franco Contreras como una falta gravísima cometida con culpa gravísima, que es lo que finalmente lleva al dictamen de la destitución e inhabilidad. No obstante, la entidad reconoció que se trata de un fallo de primera instancia que puede ser apelado por el sancionado si así llega a considerarlo. Este último no se ha pronunciado públicamente al respecto.
Valga señalar que el Ministerio Público se ha mantenido activo en la costa colombiana durante los últimos días. Aparte de la sanción contra el exalcalde de San Jacinto, el organismo también confirmó ayer que acaba de formular un pliego de cargos a exgobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, por presuntas irregularidades en la orden de pago de más de $13.566 millones por la prestación de servicios de salud en favor de cinco IPS en el departamento.
El Ministerio Público le cuestionó a Guerra Tulena que supuestamente suscribiera entre 2012 y 2015, época en la que desempeñó como gobernador del departamento, 29 resoluciones que reconocían y ordenaban el pago de servicios de salud por esta millonaria suma, con cargo a recursos del Sistema General de Participaciones, sin contar, con los requerimientos legales.
“Es posible adecuar el comportamiento censurado a Julio Cesar Guerra Tulena, en su calidad de gobernador del departamento de Sucre, en el inciso 2° del numeral 3° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por cuanto, al parecer incrementó el patrimonio de las IPS Clínica Nuevos Amaneceres de Sucre; IPS Fundación Libertad y Fe; Centro de Neurorehabilitación Integral San Rafael; Fundación Nuevo Ser, de manera injustificada y directa”, señaló la órgano de control.
Estas resoluciones habrían sido suscritas de forma irregular y sin contar con la autorización del Comité Técnico, órdenes médicas, validación del estado de los pacientes, soporte de exámenes y terapias practicadas, y facturación, que justificara el desembolso de estos recursos públicos, razón por la cual el Ministerio Público calificó esta falta de manera provisional como gravísima.
A su vez, esta medida disciplinaria también vincula a los exsecretarios de Salud durante este periodo, Nayibe del Carmen Padilla, Jorge Madera Lastre, Efraín de Jesús Suárez Arrieta y el líder del programa de planta de personal de la Gobernación de Sucre, Samir Gregorio Serpa Álvarez.
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