Para el año 2015, Ibagué iba a ser la ciudad con los escenarios deportivos más modernos y completos del país, luego de la construcción de los escenarios para los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales, pero no fue así. En su lugar, terminó con el desfalco más grande en la historia de la ciudad y una investigación que aún no concluye. Este 24 de octubre, la Contraloría imputó responsabilidad fiscal en contra del entonces director de Coldeportes, Andrés Botero Phillipsbourne, y el alcalde de ese año Luis Hernando Rodríguez, junto a cuatro funcionarios más.
La imputación asciende a $27.923.077.821,59 millones que se emplearon para la financiación del proyecto de “Construcción, adecuación y/o remodelación de escenarios del parque deportivo en la ciudad de Ibagué para los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales 2015″.
El Gobierno nacional, la Alcaldía y Coldeportes invirtieron más de 143.000 millones de pesos en los contratos, que dieron como resultado obras inconclusas, obras pagadas que finalmente no se construyeron, deficiencias constructivas y baja calidad de las construcciones que terminaron en un detrimento patrimonial a la ciudad y la nación.
Del cual, para la Contraloría, son responsables la Alcaldía de Ibagué, el IMDRI y Coldeportes, como fuente de financiación, porque omitieron tomar acciones frente a las falencias del proceso constructivo de los escenarios deportivos objeto del contrato No. 119 de 2015 y el grave atraso de estas obras, que eran de su conocimiento.
Las obras debían entregarse el 31 de octubre de ese año o hasta el 5 de noviembre de 2015, pero algunos de los escenarios contratados se entregaron hasta este año 2021. Esas demoras evitaron que fueran utilizados para el evento por el cual se contrataron. Algunas obras que no fueron entregadas y otras que tenían deficiencias fueron pagadas a los contratistas.
“Pese a los incumplimientos que presentó el contratista de obra, la Alcaldía de Ibagué, el IMDRI y Coldeportes no tomaron acciones en oportunidad que permitieran salvaguardar los recursos invertidos en el proyecto de construcción de los escenarios deportivos”, señaló la Contraloría, la principal razón para imputar responsabilidad fiscal a los entonces representantes de las entidades involucradas.
“En forma solidaria con los entonces alcalde de Ibagué y director del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación –IMDRI-, quienes tenían a su cargo la ejecución del proyecto, se le imputó responsabilidad fiscal al director de Coldeportes del momento por cuanto omitió su deber de controlar, vigilar y hacer seguimiento a los recursos destinados a la financiación del proyecto, al contratista, supervisor del contrato de obra y la interventoría, a las supervisoras técnica y financiera, en cuantía de $ 25.288 millones, toda vez que intervinieron en el giro de los recursos sin ejercer un debido control de los mismos”, agregó el ente de control.
Los imputados son: VERA Construcciones Sucursal Colombia, Benjamín Tomás Herrera Amaya y Coning Construcción y Obras de Ingeniería Civil S.A.S, que conformaron la Unión Temporal Parque Deportivo Ibagué 2015 que ganaron el contrato. También aparecen vinculados LKS Colombia S.A.S. y Diego Fernando Fonseca Chaves como integrantes del Consorcio Juegos Nacionales, quienes fueron los interventores.
También fueron imputados Carlos Heberto Ángel Torres, gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué IMDRI; Mauricio Campos del Cairo, quien era el supervisor, y Maritza Fernanda Rozo Riveros, directora administrativa y financiera de la misma entidad.
Por parte de la Alcaldía aparecen el mandatario Luis Hernando Rodríguez Ramírez y Sandra Yolima Rodríguez Guzmán, quien ejercía las funciones de supervisora técnica y técnica. Por Coldeportes el entonces director Andrés Carlos Botero Phillipsbourne, en su condición de Director.
Los renders de los escenarios deportivos eran innovadores y modernos, pero allí se quedaron las obras. Los XX Juegos Nacionales de Ibagué se realizaron en escenarios deportivos y de otras ciudades porque en los predios donde se iban a realizar había apenas unas vigas tiradas, tierra y materiales de construcción desperdigados.
Eran dos escenarios principales. El primero era el Parque Deportivo, el más costoso, que comprendía Complejo Acuático, Coliseo Mayor, patinódromo, cancha de tenis, urbanismo y paisajismo, estadio de atletismo, pista de BMX, tejódromo y estadio de softbol. Costaba 82 mil millones de pesos. El segundo era la Unidad Deportiva Calle 42 que costaría 39.000 millones de pesos para la remodelación de las piscinas y un coliseo, así como la construcción de un edificio para artes marciales y parqueaderos.
Pese a que algunos escenarios no superaban el 20% de ejecución, el alcalde Rodríguez Ramírez prorrogó los contratos hasta mayo y junio de 2016 respectivamente, pocos meses antes de terminar su gobierno. Tuvo que ser la administración siguiente la que inició el proceso de incumplimiento y las investigaciones.
Uno de los condenados en este caso es Orlando Arciniegas, a quien la Corte Suprema de Justicia le confirmó en mayo de 2021 la condena a 27 años de prisión por haber confeccionado todo el proceso de contratación para que TYPSA se quedara con el contrato, a cambio de millonarios sobornos de miles de millones de pesos en coimas.
En el caso también fue imputado por la fiscalía un ciudadano español identificado como Juan Ramón Hernández, quien según el medio El Olfato, es la cabeza de Vera Construicciones, uno de los contratistas de los escenarios deportivos y se habría robado más 1.691 millones de esas obras. Un personaje que, además, era socio de OLT Logistics, que fue contratista de Centro Poblados en el contrato del MinTIC para centros digitales.
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