Desde hace varios meses, los principales municipios de Colombia presentan un alza considerable en inseguridad por hurtos, homicidios y demás actos delictivos dirigidos contra la ciudadanía. Frente a esto, varias alcaldías señalaron que la raíz del problema radicaba en las armas traumáticas o de fogueo, artefactos no letales utilizados por los criminales para atemorizar a la ciudadanía y, en algunos casos, las modifican para convertirlas en mortales.
Según Diego Molano, ministro de Defensa, hay 500.000 armas traumáticas en el país y su uso delictivo se disparó después de las protestas por el paro nacional.
“Hemos evidenciado como en el último año, particularmente después del vandalismo y los bloqueos, cómo en las calles aparecieron las armas traumáticas. Unas armas iguales a las armas de fuego normales que comenzaron a ser modificadas y utilizadas para crimen, utilizadas para el robo, y sobre todo para atentar contra la integridad de nuestra Fuerza Pública y de otros ciudadanos”, aseguró el funcionario, quien firmó dicho decreto.
Entre los requisitos, se exigirá que los ciudadanos y personas jurídicas soliciten un permiso de tenencia y porte, basado en controles de diferentes entes estatales. De esa forma, los comerciantes deberían indicar el nombre y cédula del comprador, además de avisarle
Frente a esto, la Federación de Armas de Bajo Riesgo (Fedearmas), que asocia a los vendedores de armas traumáticas, mostró públicamente su descontento frente a la determinación del Gobierno. Por medio de Twitter, con un claro mensaje, replicaron el anuncio del ministro Molano.
“Lamentable si esta ‘regulación’ solo busca favorecer la delincuencia, en Colombia solo el 10% de ciudadanos estaba armado y ahora vamos a disminuir esas cifras. Por lógica, se disparará la delincuencia al haber más colombianos vulnerables. Derecho al trabajo y deporte.. al olvido”, aseveró la organización por medio de Twitter.
Además, Eduardo Jiménez, representante legal de la distribuidora Airguns Colombia, dijo que una consecuencia podría ser el incremento de los precios de estos productos. En consecuencia, según le contó a Blu Radio, se desincentivará la compra de las armas, que también son utilizadas para actividades deportivas o recreacionales.
“Los comerciantes se van a ver afectados porque los precios de ese producto van a subir y con ese incremento los ciudadanos ya no van a comprar eso tan caro. Primero, porque asumirían el sobrecosto del registro del arma y también tienen que pagar la remarcación del arma. El arma con registro y todo sale en $970.000 pesos y a eso hay que sumarle unos $600.000 pesos más con el decreto”, expresó el empresario, para los micrófonos de la emisora.
Para Jiménez, en vez de regular dichas armas, el Gobierno debería mejorar el sistema judicial para emitir sanciones ejemplarizantes en contra de aquellos que utilicen o modifiquen los artefactos para delinquir.
“Hace unos quince días detuvieron a unos delincuentes con una pistola de madera, entonces no me parece que vengan a decir ahorita que con esto se va a acabar la delincuencia. Deberían más bien fortalecer el sistema judicial, le echan la culpa a que todos roban con armas traumáticas, entonces mañana sacarán un decreto donde se prohíban todos los cuchillos porque roban con armas blancas”, indicó el comerciante.
Recientemente, Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, interpuso una tutela para que el Gobierno tomara la iniciativa de regular las armas traumáticas. Poco después de la acción legal, se anunció el decreto. La principal crítica del mandatario radicaba en que las ventas se realizaban sin documentación de la misma, lo cual incentivaba el uso en la delincuencia.
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