Los recursos de los que disponen los entes territoriales para contratar tras la modificación de la Ley de Garantías

El Presupuesto General de la Nación (PGN), sin mayores trabas, fue aprobado en el Congreso de la República y, entre los 141 artículos que lo componen, uno desató polémica por las implicaciones preelectorales que tendría: el artículo 125, el cual modifica la Ley de Garantías, permitiendo convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos cuatro meses antes del llamado a las urnas.

Esto, según los mayores opositores de la regla, implicaría que algunos de estos contratos sean adjudicados para obtener beneficios de cara a las votaciones. Sin embargo, el Gobierno argumenta que la lenta ejecución de los recursos por parte de los entes territoriales – a raíz de la atención prioritaria a asuntos relacionados con la pandemia– amerita que se desbloquee la posibilidad.

Para entender el presupuesto, se debe iniciar por definir las rutas por las que entra el dinero a los municipios y departamentos: el Sistema General de Participaciones (SGP) y el Sistema General de Regalías (SGR). El primero habla sobre los recursos que, por los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, le pertenecen a los entes territoriales. El SGR, por su parte, se refiere a los recursos que le corresponden a territorios específicos por la extracción de recursos naturales no renovables.

Frente a los recursos que aún hay disponibles, Semana reportó que para el cierre de 2020, la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda estableció que las entidades territoriales contaban con activos financieros por 24,6 billones de pesos y excedentes por 12,6 billones de pesos.

Además, la cuarta parte de la asignación para vigencias futuras, conoció el medio impreso, le corresponde a las actuales administraciones para que ejecuten proyectos. En total, los gastos autorizados en esta modalidad de transferencia equivale a 2,2% del actual Producto Interno Bruto (PIB).

El mismo medio aseguró que, cuando se trata de regalías, el presupuesto para los años 2021 y 2022 es superior a los 17,3 billones de pesos. De estos, 16,1 deberán ser destinados a inversión. Sin embargo, existen saldos anteriores de dineros no ejecutados, lo que ascienden la cifra para invertir hasta 23,3 billones de pesos y 8,8 de ellos ya fueron aprobados.

El medio semanal también encontró que, según un informe de la Dirección de Apoyo Fiscal, el primer semestre de 2021 significó para las gobernaciones ingresos en impuestos de hasta 4,5 billones de pesos. Las alcaldías, por su parte, recibieron 11,1 billones de pesos por el mismo recaudo. Si se resta el dinero de funcionamiento, en total, las entidades tendrían disponibles 11,4 billones de pesos.

Le piden a Duque que objete la Ley de Garantías

El senador Antonio Sanguino y el exsecretario de Transparencia de la Presidencia, Gabriel Cifuentes, remitieron una carta al presidente Iván Duque solicitando que objete por inconstitucionalidad e inconveniencia el artículo 125 de la ley aprobada el pasado martes en el Congreso.

En la misiva, se exponen varias razones que sustentan porqué el artículo aprobado en el Congreso es inconstitucional e inconveniente y le recuerdan a Duque que el debate sobre la Ley de Garantías debe ser transparente y de cara al país.

“Presidente Iván Duque, la aprobación del Art. 125 del proyecto de ley de Presupuesto General para el 2022, es inconstitucional por lo que lo invitamos a dar un debate transparente, con todos los actores y de cara al país, sobre la reforma a la Ley de Garantías, no mediante un artículo que se adiciona en la Ley de Presupuesto de 2022 y a menos de dos (02) meses de dar inicio a un año electoral”, señalan los firmantes.

Por su parte, el profesor universitario y activista político Gabriel Cifuentes puntualizó en que, si bien no existe la reelección presidencial en Colombia, derogar la Ley de Garantías ad portas de una campaña electoral, podría abrir la puerta al clientelismo y la corrupción.

“Resulta inconveniente en época electoral que el Congreso haya derogado la Ley de Garantías, que a todas luces es inconstitucional y abrirá el ‘grifo’ a la mermelada y clientelismo electoral en todo el país”, puntualizó Gabriel Cifuentes.

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