El jueves pasado se llevó a cabo el debate de control político en la Cámara de Representantes y los ‘Pandora Papers’ fueron el tema central. Para este caso, fueron citados Lisandro Junco, director de la Dian, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller, y Ángela María Orozco, ministra de Transporte. Los tres funcionarios del Gobierno se encuentran vinculados a sociedades offshore que aparecieron en la gran investigación periodística.
Por su parte, Ramírez, junto a la ministra Orozco, se encuentra vinculada a la sociedad Global Securities Management Corporation, constituida en las Islas Vírgenes en 2005. Todo esto, junto a Gustavo Hernández Frieri, capturado en 2018 por el saqueo de dinero a la venezolana PDVSA.
Para Ángela María Robledo, representante de la oposición, el foco del asunto fue la ética de los funcionarios públicos de la actual administración. En especial, la vicepresidenta Ramírez, a quien le recordó que en el último debate de cara a las presidenciales de 2018, la mujer aseguró no contar con investigación alguna en su contra.
Frente a esto, habló sobre la presunta responsabilidad de la vicepresidenta en los hechos enmarcados en la operación Orión, la cual fue llevada a cabo durante su periodo como ministra de Defensa. “En un testimonio de ‘Don Berna’ en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York ratificó que ellos habían participado en la operación Orión. 80 heridos, 70 asesinados por fuerzas paramilitares y del Estado. 17 víctimas de fuego y 300 detenciones arbitrarias, que muchas de ellas terminaron en desapariciones. Jóvenes enterrados en la escombrera, en Medellín. La ministra era Marta Lucía Ramírez”, contó.
Además, recordó que los hechos están siendo investigados en la Jurisdicción Especial para la Paz, instancia que es criticada por el partido de Gobierno. Además, también es tema de conversación para que se abra una investigación ante la Corte Penal Internacional por la desaparición de un civil.
“La señora vicepresidenta aún nos debe muchas explicaciones sobre lo ocurrido en este caso, como nos lo recordó Ariel Ávila el pasado 8 marzo de 2021, en un vídeo que publicó y que pueden encontrar en mis redes. Ella, como ministra de Defensa, era la responsable política de la Operación Orión, al ser la cabeza de las Fuerzas Militares de Colombia, tiene que hablarle al país sobre lo ocurrido”, instó la cabildante.
En segundo lugar, mencionó el caso del hermano de Marta Lucía Ramírez, Bernardo Ramírez, quien fue detenido por narcotráfico en Estados Unidos y, para eso, la ahora vicepresidenta tuvo que pagar una fianza. Frente a esto, recalcó la tragedia familiar, pero criticó su doble rasero al apoyar la fumigación de cultivos ilícitos.
“Fumigar con glifosato a las miles de familias que sufren la tragedia del narcotráfico en sus territorios si no tiene nada. Tanto que comparó el daño del glifosato con tomar 500 vasos de agua al día”, expresó.
Además, mencionó los vínculos de la empresa de su esposo, Hitos Urbanos, con Guillermo León Acevedo, alias ‘Memo Fantasma’.
Finalmente, concluyó su intervención invitándola a comparecer ante la JEP. “Vicepresidenta, yo creo que a usted la esperan en la JEP. Ahí también está su yerno, Daniel Arturo Álvarez, militar investigado por ejecuciones extrajudiciales quien, tras pasar cinco años en la cárcel, logró estar en libertad porque decidió colaborar. Allá la esperan para que hable de su responsabilidad en la operación Orión”, finalizó.
Marta Lucía, en su intervención, tildó de mentiras las acusaciones de Robledo. “Acá hay cosas que hablan y que no son ciertas, la representante Angela María Robledo dice que yo tengo una investigación abierta y no la tengo. Si la tuviera, claro que la atendería y en ese caso diría que los ministros de Defensa civiles jamás ordenan las operaciones militares”, expresó.
Además, rectificó que la operación no fue ordenada por ella, sino que fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación de ese entonces. “Como era la primera vez que se iba a hacer una operación en una zona urbana, en Medellín, en la Comuna 13, la única intervención mía fue pedir que estuviera esa operación asistida por la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, esa es mi única responsabilidad en esos hechos”.
Por los Pandora Papers, aseguró que “tampoco podemos dejar en el ambiente que cualquier colombiano que tenga un peso o dos en el exterior como un ahorro, entonces está haciendo algo oscuro”.
“Les quiero recordar que estamos en un país en donde lamentablemente, por diferentes razones, el peso colombiano ha perdido valor y hay gente que válidamente dice que quiere tener una parte de sus ahorros en el exterior para evitar que pierdan valor. Eso es lícito y es legítimo, no hay que estigmatizar, y eso lo permite la ley colombiana”.
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