El inspector de Policía Javier Orozco confirmó en la tarde de este 21 de octubre que los indígenas que todavía acampan en el Parque Nacional de Bogotá tendrán un plazo máximo de 48 horas para desalojarlo pacíficamente. La decisión se toma después de retomar, este mismo jueves, la audiencia suspendida hace dos días.
Valga recordar que, en el lugar se encuentran por lo menos unas 300 personas, en su mayoría de la etnia embera que claman por mayores garantías en términos de ayudas gubernamentales, albergues —esto luego de rechazar el ofrecimiento de la alcaldía para estar en el del Parque La Florida, por hacinamiento y malas condiciones—, o en su defecto, para regresar a sus territorios ancestrales.
En ese sentido, la orden del uniformado señala que antes de que abandonen el sitio, los indígenas allí presentes deberán ser debidamente caracterizados por la Unidad Nacional para las Víctimas, de forma que esta obtenga los datos necesarios para proceder con la restitución de derechos de esa población.
Si las comunidades no permiten que dicha entidad avance con el censo en cuestión, agregó Orozco, la Policía tendrá autorización para proceder con la restitución del parque a su estado normal, en lo que se entiende como una acción de desalojo tradicional. Valga advertir que, el distrito se comprometió a adelantar esta misma empleando el menor uso de la fuerza posible.
Por último, la decisión del inspector señala: “Garantícese a los ocupantes ilegales del Parque Nacional una vivienda digna, en la modalidad transitoria, hasta tanto se solucione el previo anunciado en el punto 1″, siendo este último el que hace referencia a lo que debe hacer la Unidad de Víctimas para suplir las necesidades de las comunidades.
Dicho esto, líderes indígenas presentes en el parque le contaron a diversos medios, incluido El Espectador, que aspiran a ser trasladados a un albergue ubicado en el centro, donde les es más fácil vender las artesanías con las que sustentan sus necesidades económicas.
La decisión fue celebrada, entre otros, por la concejala Lucía Bastidas, quien por medio de Twitter manifestó que, “finalmente se avaló restitución de predio del Parque Nacional. No podemos seguir con comunidades indígenas vulnerables a la deriva, pero tampoco con tomas ilegales que afectan a ciudadanos, con daños a espacio público e instrumentalización de menores en protestas”.
Sin embargo, existen miembros de la comunidad indígena que no se sienten tan a gusto con la forma en la que se cerró el asunto esta tarde. María Quische, quien está refugiada en el parque, le dijo a RCN Radio que: “No nos extraña, yo creo que el Gobierno tanto nacional como distrital siempre ha querido gobernar sobre los derechos de toda la población, no hubo espacio para diálogo y se fueron con medidas jurídicas, solo les preocupa poner las luces en diciembre y sus contratos, no sabemos qué hacer porque no hay donde vivir”.
Esa misma emisora citó el testimonio del líder indígena Jairo Montañez, quien advirtió que, “ya conocíamos que pasaría desde un principio y el inspector nos dijo que íbamos a irnos de forma voluntaria o con la intervención del ESMAD y desde ese día nunca hubo traductores y no todos entendemos, no hay garantías para la población en general y tampoco supimos que había una audiencia pública, además aquí en el parque no se hizo la audiencia”.
Así las cosas, se espera que los próximos dos días sean determinantes para el futuro tanto del parque como de las comunidades indígenas que allí se refugian. La expectativa radica en que no se repitan disturbios como los del martes pasado, que dejaron por lo menos tres personas heridas.
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