Si bien el proceso contra Alex Saab, acusado de lavar dinero proveniente de esquemas de corrupción en nombre del dictador venezolano Nicolás Maduro, se está adelantando en Estados Unidos, las autoridades colombianas también han demostrado interés en lo que tiene para decir el empresario barranquillero.
Así lo manifestó este jueves el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, durante la instalación de la Cumbre de Fiscales y Procuradores Generales 2021, que se celebra actualmente en Cartagena. A fin de cuentas, en el país también se adelantan por lo menos dos procesos en contra del hoy extraditado emisario del régimen venezolano.
El funcionario público habló de dos demandas por cuestiones de extinción de dominio sobre propiedades a nombre de Saab. Son, según dijo, procesos que ya han avanzado al punto en el que el juez asignado al caso llamó a juicio para el próximo 25 de octubre. Sin embargo, estos no serían los únicos litigios levantados contra el empresario.
Según insistió Barbosa: “Yo di la orden de priorizar el caso una vez llegue a la Fiscalía General de la Nación, tenemos acciones concretas en tema de extinción de dominio y el tema penal”. Para ello, dijo, se necesita contar con la cooperación del Gobierno de Estados Unidos de forma que Saab pueda, cuando menos, participar en las audiencias que se celebren en Colombia.
En ese sentido recordó que, “Nosotros tenemos mecanismos de cooperación judicial con Estados Unidos para establecer si existen personas que hayan desconocido la ley colombiana o sean parte de una red criminal que haya delinquido en el país, la Fiscalía investigará cada uno de esos hechos”.
Valga señalar que, el fiscal no es el único funcionario en Colombia que se ha pronunciado sobre el caso Saab y la necesidad de una colaboración entre ambos países. También lo hizo el presidente Iván Duque, quien celebró la extradición del barranquillero el mismo día en el que se registró ese traslado.
“Extradición de Alex Saab es un triunfo en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción que ha propiciado la dictadura de Nicolás Maduro. Colombia ha apoyado y seguirá apoyando a los EE.UU. en investigación contra red de crimen trasnacional liderada por Saab”, manifestó el jefe de Estado en un mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter.
Valga recordar que, Saab llevaba poco más de un año detenido tras una escala técnica de su avión en Cabo Verde el 12 de junio de 2020, bajo la acusación de ser el presunto testaferro de Maduro; y que, tras su captura, se desató un extenso proceso judicial derivado la solicitud para su extradición por parte de Estados Unidos.
Allí está acusado de encabezar una vasta red diseñada para que el dictador Maduro y su régimen pudieran desviar en su beneficio ayuda alimentaria con destino a Venezuela. Junto con su socio, Álvaro Pulido, también solicitado, Saab habría presuntamente transferido 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas extranjeras de su propiedad o bajo su control. Por esto, podría ser condenado a hasta 20 años de cárcel, siempre y cuando sea hallado culpable.
En su contra juegan varios factores como el hecho de que, a pesar de ser colombiano, recibió la nacionalidad venezolana y el título de embajador de manos del propio Maduro, quien tacha su detención de “secuestro”.
Sin embargo, no será el único procesado en el país norteamericano. En un comunicado, el Departamento de Justicia de Joe Biden informó que un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida “acusa a tres ciudadanos colombianos y a dos venezolanos por su presunta participación en el blanqueo de los ingresos procedentes de contratos de suministro de alimentos y medicinas a Venezuela, obtenidos mediante sobornos”.
“Según los documentos judiciales, Álvaro Pulido Vargas, alias Germán Enrique Rubio Salas, alias Cuchi, de 57 años, de Colombia; José Gregorio Vielma-Mora, de 55 años, de Venezuela; Emmanuel Enrique Rubio González, de 32 años, de Colombia; Carlos Rolando Lizcano Manrique, de 50 años, de Colombia; y Ana Guillermo Luis, de 49 años, de Venezuela, fueron acusados por su presunta participación en el blanqueo de las ganancias de un esquema de sobornos para obtener y mantener contratos inflados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de distribución de alimentos y medicinas para el pueblo de Venezuela, propiedad y controlado por el Estado”, informó el Departamento de Justicia.
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