Según la ONU, este año se han registrado 58 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia

En paralelo con la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un nuevo reporte confirmando al menos 58 de las 165 denuncias que tiene de asesinatos de defensores de derechos humanos en el país.

Según información entregada por dicha organización a Caracol Radio, se trata de homicidios cometidos entre enero y septiembre de este año. De estos, otros 73 casos presentan etiqueta de pruebas no concluyentes, mientras que 34 continúan en proceso de verificación. Lo anterior quiere decir que ninguna de las denuncias ha sido descartada oficialmente.

De acuerdo con la información difundida por dicha emisora, de los casos corroborados y confirmados como derivados del quehacer de las víctimas defendiendo los derechos humanos, se cuentan seis mujeres, incluyendo a cuatro pertenecientes a comunidades indígenas; y 52 hombres, de los cuales 5 pertenecen a la población afrodescendiente y cuatro a pueblos indígenas.

Por su parte, de los casos en proceso de verificación se habla de tres mujeres y 31 hombres. Entre estos últimos se cuentan nueve indígenas y dos afrodescendientes.

Adicionalmente, se supo que los departamentos que más casos contabilizaron durante los primeros nueve meses de 2021 fueron el Valle del Cauca, con 28 víctimas y el Cauca y Antioquia, con seis cada uno. A renglón seguido se ubican Norte de Santander (4), Cundinamarca (4), Chocó (3), Arauca (1), La Guajira (1), Meta (1), Nariño (1), Putumayo (1), Risaralda (1) y Tolima (1).

Horas después de que se conocieran esas cifras, la cuenta de Twitter de ONU Derechos Humanos en Colombia rechazó el asesinato de dos defensores más, identificados como Luis Alfonso Narváez y Efrén España.

El primero era defensor ambiental e indígena, perteneciente al Proceso Campesino y Popular de La Vega, Cauca; y al Proceso de Unidad Popular de Suroccidente Colombiano (PUPSOC). Según la ONU, fue asesinado en su parcela, ubicada en una zona declarada por la Unesco como reserva de biósfera.

El segundo, por su parte, era uno de los líderes fundadores de la asociación campesina de Argelia, Ascamta. Fue asesinado en el corregimiento del Sinaí después de que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en el país reiterara su preocupación por la situación de los defensores que hacen presencia en esa zona.

“Reiteramos importancia de que se tomen las medidas pertinentes para luchar contra la impunidad de estos crímenes e investigar y sancionar a los responsables y recordamos la importancia de asegurar medidas preventivas y de protección para la población y defensores y defensoras y para modificar las causas estructurales de la violencia. Expresamos condolencias a familiares y amigos de defensores asesinados”, agregó dicha dependencia.

Valga señalar que, si bien en la ONU se habla de 165 denuncias y 58 casos corroborados, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) insiste en que en lo corrido del año se han registrado en el territorio nacional un total de 141 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. El último de estos corresponde al caso de Luis Alfonso Narváez.

Esa misma entidad señala que desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno nacional y las Farc en 2016, se han registrado en total 1.256 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

A la preocupación de ambas ONG se suma la carta con la que José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, pide al secretario Blinken que Estados Unidos le haga un mayor seguimiento a los compromisos del Gobierno colombiano en temas de derechos humanos.

¨Cinco años después de los acuerdos de paz, Colombia atraviesa por una coyuntura crítica. La administración del presidente Duque ha implementado políticas disfuncionales y mal dirigidas, entre ellas la de drogas, y se han presentado abusos por parte de los grupos armados. Muchas comunidades están cerca de regresar a los niveles de violencia previo a los acuerdos de paz. Al mismo tiempo, la respuesta del gobierno a las manifestaciones urbanas este año involucraron niveles de brutalidad policial sin precedentes en la historia del país, incluyendo decenas de muertes y centenares de arrestos arbitrarios¨, reza la misiva dada a conocer ayer.

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