Un nuevo giro da el proceso contra el empresario Enrique Vives Osorio, quien en septiembre pasado arrolló con su vehículo a siete jóvenes en una vía principal de Santa Marta, de los cuales seis murieron y otro resultó gravemente herido.

Recientemente, se conoció que la investigación que cursa en contra del excandidato al Concejo de la capital del Magdalena tendrá continuación en Bogotá por orden de la Fiscalía, la cual aceptó una petición que hizo la Procuraduría hace varias semanas.

De acuerdo con la PGN, la petición se hizo con el fin de evitar maniobras dilatorias, pues se ha comprobado que, desde el inicio del caso, se han adelantado varias estrategias evasivas por parte del mismo Vives para evitar que las indagaciones avancen, dentro de las que se encuentran su negativa a tomarse la prueba de alcoholemia en reiteradas ocasiones, así como su ausencia en varias audiencias ante el juez del caso.

Adicionalmente, el Ministerio Público argumentó que hay una sobrecarga de procesos en las fiscalías de homicidios en Santa Martha, dejando ver un alto riesgo de que el proceso tenga más demoras en ser esclarecido; de hecho, la Fiscalía 32 seccional, que es donde reposaba la investigación contra Vives Caballero, tiene serios problemas de represamiento de expedientes.

En la solicitud, la Procuraduría también afirmó que se hace el traslado “con el exclusivo interés de que las investigaciones se lleven con la debida diligencia para la obtención de la verdad y la reparación a las víctimas”, expresó la misma entidad hace pocas horas.

Vale recordar que, el empresario fue imputado por los delitos de tentativa de homicidio, homicidio doloso y lesiones personales por el múltiple crimen contra seis de los siete jóvenes que se encontraban reunidos al momento del siniestro. Vives, por su parte, no aceptó los cargos cuando le fueron leídos por parte de a Fiscalía y posteriormente, le fue imputada la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario de manera preventiva. Actualmente, se encuentra recluido en la cárcel La Ternera, ubicada en Cartagena, debido a que presuntamente había recibido amenazas de muerte mientras estaba en el centro Rodrigo de Bastidas, de la capital del Magdalena.

En medio del proceso que se adelanta contra el implicado, su defensa, encabezada por el abogado Alex Fernández, ha manifestado que apelará la decisión de interponerle medida de aseguramiento, argumentando que el empresario no fue directamente el responsable de las muertes, sino que fueron los mismos jóvenes quienes causaron el hecho.

De acuerdo con su versión, las siete personas invadieron, previamente al suceso, el carril por donde circulaba el empresario con su camioneta a alta velocidad, y que su cliente no pudo maniobrar el automotor en el que se movilizaba para evitar el choque.

Incluso, días previos a la decisión de la Fiscalía acogiendo la solicitud de la Procuraduría, existía el riesgo de que el acusado recuperara su libertad debido a una posible nulidad de la medida de aseguramiento. Sin embargo, el proceso toma ahora un nuevo giro que haría que las investigaciones se agilicen, determinando si realmente Vives es culpable o no.

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