La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a cinco integrantes de la Policía Nacional, para que respondan por los hechos relacionados con la posible retención ilegal y el uso excesivo de la fuerza contra Alison Meléndez, una joven de 17 años, tras ser detenida, el 12 de mayo de 2021, en medio de una protesta del Paro Nacional en Popayán, Cauca.
Se trata del intendente Víctor Hugo Martínez Martínez y los patrulleros Jhon Jader Montenegro Camilo y Julián Andrés Martínez Pérez, integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) No. 9 de la Dirección de Seguridad Ciudadana DISEC, y los patrulleros Edwin Orlando Cortés Cifuentes y Ricardo Andrés Salazar Manrique, adscritos al Grupo de Operaciones Especiales, GOES, de la Policía Metropolitana de Popayán, Cauca.
De acuerdo con la investigación, el pasado 12 de mayo los tres integrantes del ESMAD habrían privado de la libertad, de manera ilegal, a una joven cuando se encontraba agachada en el antejardín de una casa ubicada en un barrio de la ciudad de Popayán, posiblemente grabando la actuación policial, trasladándola a la Unidad de Reacción Inmediata, URI.
Así mismo, se cuestiona la conducta de los uniformados del ESMAD y del GOES, quienes presuntamente causaron daño a la integridad de la adolescente de 17 años de edad, como consecuencia del exceso de uso de la fuerza utilizada tras ser hallada en el sector de Versalles Pajonal de Popayán, en las circunstancias ya mencionadas.
Advierte la Procuraduría que “el procedimiento para identificar y/o registrar a la joven realizado por los efectivos del GOES utilizando la fuerza desmedida y sujetándola para que otro miembro del ESMAD la golpeara, resulta desde todo punto de vista desproporcionado e ilegal, pues la fuerza física estaba autorizada única y exclusivamente para prevenir o mitigar el riesgo de posibles violaciones a los derechos fundamentales de las personas y con mayor razón la de los niños, niñas y adolescentes objeto de protección constitucional especial”.
Las conductas objeto de investigación por parte del Ministerio Público fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo. Una vez se efectúe la notificación a los investigados, la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial remitirá el proceso disciplinario a la instancia correspondiente dentro del ente de control para que se establezca la fecha de instalación de la audiencia pública.
El testimonio de la mamá de Allison:
La mamá de la menor explicó que ella es brigadista, auxiliar de enfermería voluntaria en un grupo humanitario que presta primeros auxilios a personas heridas durante las marchas, y que ese 12 de mayo asistió a las marchas con su hija para que le pudiera colaborar durante la jornada junto con otros de sus compañeros. Cuando en horas de la tarde comenzaron los disturbios, ella iba por el sector de Chirimía con su hija, quien se adelantó algunas cuadras, según relató.
A partir de allí no la encontró más, cuando la vio, en medio de los disturbios, dice que no pudo acercarse a ella porque los uniformados la agredieron: “Yo solo quería llegar hasta allá y quitarles a mi niña; que si le iban a hacer algo, me lo hicieran a mí y no a ella. No se pudo. La cogían del pelo, la tiraron al piso y yo me sentía impotente, con dolor, con ira”, añadió.
Ya en la URI de Popayán pudo recogerla luego de que algunos policías le pidieran la documentación de la joven. “La abracé y le pregunté qué le habían hecho adentro de la URI y ella dijo que ahí no, pero que afuera sí. ‘Sí mija, yo sé que afuera te hicieron cosas’, le dije. Y entonces la policía que estaba ahí me dijo: ‘Yo le respondo hasta aquí, que a nosotros nos los entregan. Los de verde somos unos y los de negro son otros […] Se la entrego sana y salva’”.
Cuando se le preguntó por la versión de su hija, la mamá aseveró que “Los policías no me la bajaban de “perra” y le decían “¿qué haces en la calle?”, “¿por qué no estás en la casa cocinando?”, “mechuda”, “peináte”, “qué rico pa’ lamerte”, “bajáte los pantalones pa’ violarte”.
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