Podrían subir los costos de los consumos de los colombianos con tarjeta de crédito: comerciantes preocupados por aumento en las comisiones que cobran los bancos

El gremio de los comerciantes advirtió que la regulación de los pagos electrónicos con tarjetas de crédito y débito en los almacenes beneficia más a los bancos que a los establecimientos. Esto luego de que la mayoría de los empresarios manifestara que se ha presentado un aumento en las comisiones al usar los datáfonos para recibir el pago de sus servicios y productos.

La advertencia la elevó la Federación Nacional de Trabajadores (Fenalco) durante Góndola, un evento sobre el comercio al por menor y minorista que se realiza en Cartagena, con base en una encuesta que realizó a 307 empresarios de los cuales 244, es decir el 80%, dijeron recibir pagos con tarjetas débito y crédito.

La encuesta preguntó sobre el comportamiento de las comisiones por aceptación de pagos con dinero plástico, en la que el “49% respondió que ha sufrido incrementos, 22% respondió que no y sorprendentemente un 29% no se había dado cuenta. Cabe destacar, que la totalidad de los almacenes de gran formato respondió que sí”.

De acuerdo con Fenalco, la situación se desprende del Decreto 1692 de 2020 que expidió el gobierno en el mes de diciembre del año pasado. Aunque esa normativa buscó promover el uso de medios tecnológicos en plataformas, regular los métodos de compensación y a los operadores de servicios, para los comerciantes terminó por afectarlos a ellos.

Jaime Alberto Cabal, presidente nacional de Fenalco, señaló durante el evento que “ya esto es motivo de preocupación para los comerciantes que han visto entre 20 y 40% se han incrementado esos costos, reduciendo la competitividad, reduciendo los márgenes de los comerciantes y obviamente encareciendo el producto al consumidor”.

El problema viene por el costo que debe asumir el comerciante por el uso del datáfono o una terminal de pago, que se conoce técnicamente como adquirencia. Los adquirentes son quienes desarrollan dicha actividad, los cuales vienen a ser los bancos y entidades financieras. El comerciante acuerda con ellos, según el decreto, los periodos en que se distribuye el dinero recaudado y son las entidades administradoras de sistemas de pago de bajo las encargadas de definir el saldo que corresponde a los intervinientes.

“En la práctica, los comercios están teniendo que asumir una mayor tarifa, sin que haya ningún valor agregado, ni mejora en el servicio de adquirencia, producto de la modificación del decreto, que ha originado un beneficio desproporcionado para los bancos emisores, los cuales no trasladan dicho beneficio al adquirente, generando un desequilibrio en el sistema”, señaló Fenalco.

De acuerdo con Cabal, esas condiciones afectan el propósito del Gobierno por aumentar la bancarización y la formalidad, debido a que muchos comerciantes manifestaron la posibilidad de recibir únicamente pagos en efectivo. En la encuesta, el 77% de los participantes manifestó haber reclamado a la entidad financiera por los reajustes y la respuesta de los bancos es que dicho aumento obedece al decreto.

Desde Fenalco exigieron una concertación pronta con representantes de los comerciantes, miembros de las entidades financieras y el Gobierno para introducir una nueva regulación que impida el desequilibrio del sistema.

“La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios ha puesto en conocimiento de esta situación al Ministerio de Hacienda; la Superintendencia de Industria y Comercio; la Superfinanciera y la Unidad de Regulación Financiera, URF, con el objetivo de tomar las medidas necesarias para evitar que se siga presentando este desequilibrio, que perjudica al comercio y a los consumidores”, concluyó Cabal Sanclemente.

Durante el evento también se presentaron los resultados del Censo Nacional de Mermas, es decir la disminución de inventario por hurto, que mostró que durante el año 2020, los robos a supermercados alcanzaron una cifra cercana a los 112 mil millones de pesos, 51% menos que en el 2019. De este monto, 38 millones suman los robos de funcionarios del comercio y 73 a personas externas.

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