En el marco del Encuentro de Defensores 2021 ‘Migración y Refugio’ que se realiza en Cartagena, las defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá emitieron un documento en el que solicitan ciertas medidas para proteger a los migrantes que se movilizan por la región. Una de las peticiones principales de las entidades está dirigida a las cancillerías, para que flexibilicen la documentación exigida a extranjeros y así se logren evitar crisis en las fronteras.
Se enfatizó en que con esta petición no se pide que se eliminen las reglas, pues esto empeoraría la situación, sino adaptarlas a las condiciones actuales de los migrantes. Para esto, señalan que se debe tener en cuenta el Pacto Mundial sobre Migración propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que propone lineamientos para que el proceso se desarrolle de forma segura y ordenada.
“Todos los Estados deben observar los postulados del Pacto Internacional para una migración segura, ordenada y regular desde la base de la soberanía. La responsabilidad compartida con un énfasis en la mutualidad, incluyendo la cooperación internacional hacia mejores condiciones que minimicen los riesgos y favorezcan la movilidad e integración local con base en la persona y dignidad humana”, se lee en un documento publicado este 20 de octubre.
Es de mencionar que la petición de las defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá está motivada por la crisis que se vive en los límites entre ambos países. Actualmente, hay 22.000 extranjeros, principalmente africanos y haitianos, hacinados en carpas a la orilla de la playa en Necoclí (Antioquia, Colombia) esperando seguir su camino.
En medio del desespero, muchos optan por pasar ilegalmente sin tener en cuenta los riesgos a los que se enfrenta. Algunos extranjeros optan por seguir su ruta a pie y se adentran en la selva del Darién, donde pueden morir, no solo por las condiciones naturales, sino a manos de grupos subversivos.
Por otra parte, hay quienes se arriesgan a subir en lanchas ilegales, las cuales, en algunas oportunidades, terminan varadas en alta mar o volteadas. Esto ya ha dejado varios muertos. De hecho, el pasado 10 de octubre, naufragó en el Golfo de Urabá una embarcación irregular procedente de Necoclí, que pretendía llegar a las costas panameñas. En el hecho solo sobrevivieron 21 personas, para quienes las defensorías piden atención especial y que se les permita llegar a sus destinos.
“Respetuosamente nos dirigimos a ustedes para solicitarles construir una vía humanitaria exprés entre Colombia y Panamá para estas 21 personas, que les permita a estos sobreviviente un transporte por vía marítima hasta el puerto en Panamá, para poder continuar con su camino sin tener que pasar por las dificultades y exigencias que implica la travesía por los caminos del Darién”, señalaron.
Las entidades aseguran que hacen la petición ya que han podido corroborar que en el naufragio perdieron su dinero, bienes y la documentación con la que contaban. Además, señalan que estas personas presentan quemaduras, irritaciones, cortes y afectaciones psicológicas y advierten que de no brindarles la atención requerida quedarán en manos de grupos ilegales.
“Quedarían expuestos a las organizaciones criminales de traficantes de migrantes que no buscan otra cosa que sacarle provecho económico a este drama humano y que se seguirán aprovechando de la desesperación de los migrantes, ante el represamiento en Necoclí por la imposibilidad de conseguir con prontitud uno de los 500 cupos diarios que acordaron las cancillerías de Panamá y Colombia como cuota de personas que diariamente podría atravesar la frontera”, se lee en la comunicación.
El Gobierno colombiano y panameño ya han llegado a acuerdos para enfrentar la situación, pero estas resultan insuficientes. La escena de la llegada de migrantes a Necoclí se ha repetido en los últimos meses y no para de aumentar. Según el último informe de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, en lo que va de 2021, en total son cerca de 70.000 migrantes que han llegado a Necoclí en su camino hacia los Estados Unidos entre los cuales hay más de 13.000 menores de edad.
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