Solicitan al fiscal Gabriel Jaimes que se aparte de la investigación contra la exministra Abudinen por falta de garantías

A finales del mes de septiembre el periódico El Espectador publicó un artículo daba a conocer que el fiscal Gabriel Jaimes, el mismo que solicitó la preclusión del proceso judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, estudiaría también una denuncia que se instauró en contra de la exministra Karen Abudinen por el escándalo con el se adjudicó, al parecer de manera irregular, un contrato para llevar internet a los niños que habitan las zonas rurales del país.

Ahora, luego de un mes la Campaña Independencia en la Justicia que agrupa 38 organizaciones defensoras de derechos humanos y judiciales le solicitó a la Fiscalía que sea reasignada la investigación.

Según información de la W Radio, las organizaciones argumentan que el fiscal Gabriel Jaimes no genera garantías para manejar imparcialmente ese expediente de trascendencia nacional, al tratarse de la exministra de un gobierno en el que el presidente actual hace parte del sector político del expresidente Uribe, esto quiere decir, que existe un conflicto de intereses que podría afectar el debido proceso.

“Aquí lo que hay es un tema político de por medio y por eso desconfiamos plenamente lo que nos lleva a pedir al fiscal Barbosa que si es un fiscal sensato cambiara la investigación, la radicación del proceso, entregarlo a otro fiscal que tenga menos compromisos con estas instancias políticas” indicó Martha Lía Herrera, vocera de Asonal a la emisora.

Es importante recordar que la exministra tendría previsto presentarse en calidad de víctima en el proceso judicial que se inició en contra de los representantes de Centro Poblados, quienes son investigados por presuntamente haber presentado documentación fraudulenta para que les adjudicaran el billonario contrato y en el que hubo un anticipo de 70.000 millones de pesos, que ahora están de riesgo perderse.

Incluso, cuando renunció por presión tanto de sectores políticos como de los ciudadanos aseguró que esperaba que la justicia tomara la mejor decisión y que tenia la conciencia tranquila.

“Me retiro con la esperanza de que en los próximos días la administración de justicia tome las decisiones pertinentes contra quienes defraudaron a la sociedad. Los autores de este episodio tienen que ser sancionados ejemplarmente. Abundan las evidencias que confirman el actuar ilegal de unos actores privados que se concertaron con algunos servidores públicos, hechos que denuncié oportunamente”, aseguró la política y agregó que “Me voy con la conciencia tranquila porque di todo de mi para conectar este país. Quienes han estado a mi lado conocen mis convicciones. Quienes han conocido de cerca mi gestión, saben de mi ineludible compromiso”.

En este mismo sentido, parece que la fiscal del caso ha considerado como víctima al Ministerio de las TIC en las audiencias dentro de ese proceso judicial por el que fueron capturados Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, y Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros, señalados de fraguar la documentación falsa, y en el que hasta terminó involucrado Emilio Tapia, quien fue condenado a 17 de cárcel por el desfalcó a Bogotá en el sonado caso del carrusel de contratación.

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